29/11/2007

El Congreso aprueba definitivamente la ley que regula las empresas de inserción

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy definitivamente el proyecto de Ley para la regulación de las Empresas de Inserción, tras rechazar varias de las enmiendas introducidas por los grupos, principalmente CiU, en su paso por el Senado. Según datos del Ministerio de Trabajo, más de 200.000 perceptores de rentas mínimas serán los principales beneficiarios de la nueva ley.

La iniciativa legislativa, que fue lanzada en junio por el Consejo de Ministros, se centra en aquellas empresas que se dedican a contratar a excluidos sociales con el objeto de que, una vez aplicadas medidas sociales y de adaptación profesional, puedan emplearse en el mercado laboral ordinario.

En las enmiendas incorporadas en el trámite de Senado se introdujeron varias mejoras técnicas para ahondar en el reconocimiento de la competencia de las comunidades autónomas e incorporando a los colectivos en situación de exclusión social los procedentes de servicios de prevención e inserción social de Ceuta y Melilla.

Requisitos de las empresas de inserción

La nueva ley estipula que las empresas de inserción deberán estar promovidas y participadas por entidades promotoras al menos en un 51% del capital social, así como mantener un porcentaje de trabajadores en proceso de inserción del 30% de la plantilla durante los tres primeros años y del 50% a partir del cuarto.

Además, deberán reinvertir al menos el 80% de los resultados en la mejora de sus estructuras productiva y de inserción.

Asimismo, las empresas de inserción y los trabajadores podrán celebrar contratos de trabajo temporal de fomento de empleo, que tienen por objeto la prestación voluntaria de servicios retribuidos por cuenta ajena en una empresa de inserción como parte esencial de un itinerario personalizado, y podrá concertarse por un periodo mínimo de 12 meses y máximo de 3 años.

Por otro lado, podrán concertarse contratos de trabajo de carácter indefinido o duración determinada ajustándose a las modalidades contempladas en la legislación laboral vigente.

La nueva norma busca, asimismo, que la regulación de las empresas de inserción aumente el número de personas excluidas socialmente que serán atendidas en procesos de inserción sociolaboral. Desde el punto de vista de las políticas públicas se trata de sustituir políticas pasivas por activas.