18/05/2023

La Generalitat Valenciana y el CERMI-CV presentan un informe pionero sobre el empleo público de las personas con discapacidad

La Generalitat Valenciana y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI CV) presentaron el pasado 16 de mayo el Informe 'Personas con Discapacidad y Empleo Público en la Generalitat Valenciana', con el que desean mejorar la incorporación al empleo público de dicho colectivo. El informe incluye 22 propuestas en este sentido, entre ellas flexibilizar el acceso con concursos de mérito y temarios en lectura fácil; baremar el conocimiento de lengua de signos, e implementar protocolos de acompañamiento y acogida en los puestos de trabajo.

En la presentación del informe en Valencia participaron la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo; la secretaria autonómica de Justicia, Interior y Administración Pública, Gemma Fajardo; la directora general de Diversidad y Salud Mental, Elena Albert, y el presidente del CERMI CV, Luis Vañó.

En su intervención, la consellera Bravo celebró que este Informe "marca la hoja de ruta de los poderes públicos" para alcanzar "una sociedad plenamente inclusiva" y orientará el reglamento que la administración elaborará próximamente, como exige la Ley de Función Pública, para "dar cumplimiento a lo que los convenios internacionales nos están demandando".

Bravo indicó que la Generalitat Valenciana cuenta con 4.490 empleados públicos con algún grado de discapacidad reconocida, por lo que el porcentaje es de un 2,76%. Un dato inferior al 3% que demanda la Ley de Función Pública Valenciana. En este sentido, reconoció que “no hemos sido capaces de trasladar la diversidad a la Administración” y que por tanto hay que seguir trabajando y mejorando para llegar a ese objetivo, e incluso espera que, en un futuro, la cuota de reserva sea proporcional a la población activa con discapacidad.

Asimismo, Gabriela Bravo recalcó también la necesidad de reformas de mayor calado y, como ejemplo, mencionó el artículo 49 de la Constitución, e insistió en que la Administración “debe proporcionar herramientas para derribar los obstáculos que la sociedad pone al colectivo”.

Órganos de consulta y de mediación

Por su parte, la secretaria autonómica Gemma Fajardo, durante muchos años directora del Área Jurídica de este Observatorio, detalló la estructura del informe y explicó los conceptos fundamentales. Entre las conclusiones señaló que debería conformarse un órgano de consulta y participación, dependiente de Presidencia, que supervise el acceso al empleo público por parte de las personas con discapacidad. Y a su vez, establecer otro órgano que designe un delegado, por Conselleria, que vele por el colectivo y haga de mediador.

Elena Albert añadió que entre las medidas propuestas del informe se encuentra la elaboración de una guía de buenas prácticas y un protocolo de acogida. También exigió unidades de apoyo en la administración pública.

Por último, el presidente del CERMI-CV, Luis Vañó, celebró que este informe “es el gran colofón” a una petición que se hizo a principios de legislatura y que “es una herramienta clave para la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad desde la Administración Pública”.