30/03/2023
Una Proposición de Ley admitida en el Congreso de los Diputados pretende modificar la Ley de Economía Social para incluir en ella a los establecimientos hosteleros, de restauración y comercio de pueblos de menos de 200 habitantes
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) ha mostrado su “total disconformidad” con la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, admitida a trámite el pasado 28 de marzo en el Pleno del Congreso de los Diputados, para reformar la Ley 5/2011, de 31 de marzo, de Economía Social.
La iniciativa, presentada por el diputado Tomás Guitarte (Teruel Existe) tiene por objeto reconocer como economía social "los establecimientos de hostelería y restauración situados en pueblos de menos de 200 habitantes, y los pequeños comercios, incluida la venta ambulante, que prestan sus servicios en pueblos de menos de 200 habitantes".
La proposición de servicios de ley, que se tomó en consideración por 303 votos a favor, 23 en contra y 10 abstenciones, contiene un único artículo que modifica el apartado uno del artículo 5 de la Ley de Economía Social para añadir estas como categorías de entidades de la economía social. (ver debate en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados)
Confusión y distorsión del concepto de economía social
El presidente de CEPES ha señalado que, siendo consciente del grave problema que está afectando a las zonas rurales en España y la necesidad de generar instrumentos que sirvan para combatir la España Vaciada y desarrollar estos territorios, la modificación legislativa que se plantea en esta proposición de ley “no es la herramienta más adecuada. Es un error confundir la promoción de actividades o sectores económicos con la potenciación de un determinado modelo empresarial”.
Pedreño apunta que, si bien es innegable que los establecimientos de hostelería y comercio son “esenciales” para el desarrollo económico y la cohesión social en las zonas rurales, “el beneficio económico y social que estos establecimientos pueden generar no depende de cómo estos se hayan constituido jurídicamente para operar y, por tanto, no debe confundirse con los elementos configuradores de las empresas y entidades de economía social, que están claramente definidos en el artículo 4 de la Ley 5/2011”.
“Esta solución no supone en sí misma una medida de incentivo para desarrollar estos establecimientos en el medio rural y vendrían a distorsionar el concepto de economía social”, dijo el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño. “La medida incorporada en esta proposición de ley supone la creación de formas jurídicas empresariales a la carta, a partir de los valores y principios de la economía social, lo que supone desdibujar y desvirtuar este modelo empresarial”, agregó.
Asimismo, Pedreño incidió en que el posicionamiento en contra de la proposición de ley fue unánime por parte de todos los miembros de la Junta Directiva de CEPES y así fue transmitido al Ministerio de Trabajo y Economía Social antes de la toma en consideración de esta proposición.
Una propuesta temeraria
El director de CIRIEC-España, José Luis Monzón, ha mostrado su apoyo a la declaración de la Junta Directiva de CEPES, contraria a la inclusión en la economía social de las empresas de comercio y hostelería que desarrollen su actividad en poblaciones de menos de 200 habitantes, tal y como recoge la proposición de Ley.
Según el profesor Monzón, “esta propuesta diluye y difumina el ámbito de la economía social, y supone un borrado temerario de los principios y valores que la inspiran”.
Imagen: Tomás Guitarte, durante su intervención el pasado 28 de marzo en el Congreso de los Diputados.
Diario de Sesiones del Pleno del Congreso de los Diputados del pasado 28 de marzo