09/03/2023

España aprobó en 2022 más de 250 normas vinculadas a la extensión de derechos de las personas con discapacidad

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha publicado una nueva edición del Informe Olivenza, estudio que, con periodicidad anual, ofrece un panorama actualizado de la discapacidad en España.

En esta edición se abordan aspectos relacionados con las novedades normativas aprobadas en España en el ámbito de la discapacidad en el periodo que comprende el informe. Se incluye la normativa aprobada tanto a nivel estatal como autonómico, destacando un total de 254 normas, 34 estatales y 220 autonómicas, que regulan aspectos relevantes para las personas con discapacidad. Las comunidades autónomas que más legislación han generado en relación con la discapacidad han sido la Comunidad Foral de Navarra y Galicia, ambas con más de una veintena de normas.

Asimismo, se analizan los avances que se han llevado a cabo desde mayo de 2019 para cumplir con las recomendaciones que hizo a España el Comité de Derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas. Al respecto, en el documento se señalan como preocupaciones principales, entre otras, la discriminación múltiple por motivos de discapacidad; la violencia que se ejerce contra las personas con discapacidad, en concreto, la violencia de género; la falta de accesibilidad; las carencias en educación inclusiva; las bajas tasas de empleo de las personas con discapacidad; la limitación de los servicios de salud, y la falta de formación de los profesionales en todos los ámbitos de la administración pública.

A pesar de este impulso normativo el Estudio pone de relieve, conforme al sistema de indicadores del OED sobre inclusión de las personas con discapacidad en España, que de los 25 indicadores en los que es posible comparar los datos referidos a personas con discapacidad con los de la población sin discapacidad, en 20 de ellos las personas con discapacidad presentan una situación más desfavorable que la población general.

Políticas públicas de discapacidad

El informe Olivenza 2022 incluye un capítulo dedicado a las políticas públicas de discapacidad actuales, comenzando por la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030. Se presentan también en este capítulo la Evaluación final del Plan de Acción 2014-2020 de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020, publicado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad en 2021, y la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo, cuyas líneas de trabajo y objetivos están orientados a favorecer el respeto a la vida independiente, la autonomía, la participación e inclusión plenas, esenciales para la protección de los derechos de las personas con TEA.

La segunda parte del capítulo dedicado a las políticas públicas ofrece una visión panorámica de las políticas desarrolladas por las administraciones autonómicas, que revela que 11 de las 17 comunidades autónomas españolas han formulado documentos de política pública integral en materia de discapacidad.

Como en ediciones anteriores, el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (Odismet) ha colaborado en este informe aportando el análisis del mercado laboral y discapacidad en España, en el que se advierte sobre la precariedad patente de los grupos vulnerables en el ámbito laboral. Concretamente, las mujeres con discapacidad son objeto de una multidiscriminación que condiciona significativamente su acceso al empleo y sus condiciones laborales.

La realidad de Extremadura

En respuesta a la vinculación extremeña del OED, que también promueve la Junta y la Universidad de Extremadura, el Informe Olivenza ofrece, como en ediciones anteriores, el análisis de la situación de la discapacidad en Extremadura.

Según los últimos datos del INE, en Extremadura residen 110.589 personas con discapacidad de seis años y más, de las cuales un 55,5% presentan mayoritariamente problemas de movilidad con un máximo grado reconocido de severidad.

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED)

El Observatorio Estatal de la Discapacidad es un instrumento técnico de la Administración General del Estado que, a través de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se encarga de la recopilación, sistematización, actualización, generación de información y difusión relacionada con el ámbito de la discapacidad, creado al amparo de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La gestión de este Observatorio está encomendada al CERMI, como expresión unitaria de la discapacidad en España.