10/11/2022

CEPES muestra su disconformidad con el anteproyecto de ley que regula los incentivos a la contratación laboral al reducir incentivos para la contratación de personas con discapacidad

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) ha mostrado su disconformidad con el anteproyecto de ley del Ministerio de Trabajo y Economía Social que regula los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento de empleo estable y de calidad. La razón es porque deroga parte de los incentivos existentes para la contratación de las personas con discapacidad.

Este texto, cuyo periodo de consulta pública finalizó el pasado 28 de octubre, no cumple con el mandato de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social; sino que, según el presidente de CEPES, “supone un recorte de las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social en favor de las personas con discapacidad, que lejos de beneficiar su inserción laboral y su empleo estable, supondrá una importante reducción en el número de personas con discapacidad contratadas”.

“Todo ello poniendo en peligro multitud de Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y decenas de miles de puestos de trabajo para personas con discapacidad”, argumentó Pedreño.

Según indica, este recorte en las bonificaciones se produce por una triple vía. Por una parte, por la equiparación del empleo protegido de las personas con discapacidad (Centros Especiales de Empleo de iniciativa social) con el empleo de las personas con discapacidad contratados en empresas ordinarias, lo cual “es discriminatorio”.

Recorte por triple vía

También por la eliminación de las bonificaciones a los contratos de trabajo de empleo con personas con discapacidad de carácter temporal, tanto los celebrados en Centros Especiales de Empleo de iniciativa social como en empresas ordinarias.

Y, por otra parte, por la equiparación a la baja de las bonificaciones, estableciendo unas bonificaciones mensuales para los contratos de trabajo de carácter indefinido de personas con discapacidad “totalmente insuficientes”.

Tres vías que “pondrán en peligro la viabilidad económica de numerosos Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y entidades asimiladas, y los puestos de trabajo de personas con discapacidad que trabajan en ellos, al incrementarse de forma desmesurada los costes laborales de los puestos de trabajo”, agrega Pedreño.

Las personas con discapacidad son un colectivo con importantes problemas de empleabilidad. Tal y como se desprende del ‘Estudio del Empleo de las Personas con Discapacidad, año 2020’ (INE 2021), el número de personas con discapacidad ocupadas asciende a 516.300 personas, con una tasa de empleo del 26,7% (64,3% para las personas sin discapacidad), y con una tasa de paro del 22,2% (6,8 puntos superior a la de la población sin discapacidad).

Con el movimiento de la discapacidad

Con esta reivindicación, CEPES se suma al movimiento de la discapacidad en España, que durante estos días ha publicado quejas similares. No obstante, desde dicho movimiento se afirma que el diálogo está abierto y expresan su confianza en que las alegaciones que han presentado las distintas asociaciones de personas con discapacidad sean tenidas en cuenta.

Tras la fase de consulta pública, el anteproyecto de Ley debe ahora ser pulido por el departamento que dirige la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros.