05/05/2022
El Gobierno aprueba la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030
El Gobierno ha aprobado la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, concebida como “una hoja de ruta ambiciosa y posibilista” para que el Estado participe en la consecución efectiva de los derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias. La Estrategia se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 3 de mayo, en el marco de la conmemoración del Día de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, explicó que con esta medida “España sigue la estela de la Unión Europea, que acaba de adoptar un marco similar para el mismo periodo”. Además, el plan compete tanto al Gobierno como a las comunidades autónomas, los ayuntamientos e incluso a la iniciativa privada.
La nueva Estrategia Española sobre Discapacidad se enmarca dentro del Plan de Transformación y Resiliencia ‘España Puede’, y consistirá en la puesta en marcha de un programa ambicioso de reformas “para asegurar el acceso, goce y disfrute efectivo de sus derechos por parte de las personas con discapacidad”.
En definitiva, se destinarán fondos a reparar y a ampliar derechos en ámbitos clave como el acceso a servicios públicos, la vivienda, la educación, la salud o la cultura, a fin de contribuir a la generación de oportunidades y nuevos yacimientos de empleo para este grupo de personas, apuntan desde el Ministerio.
De acuerdo con las directrices de la Agenda 2030, la nueva estrategia se concibe desde un “enfoque interseccional y con perspectiva de género”, para “saldar una deuda con las mujeres y niñas con discapacidad”, y responde también a otros desafíos transversales, como la emergencia climática y el reto demográfico.
Por otro lado, esta herramienta nace con el fin de “dar voz, empoderar y apoyar a las personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo” en las políticas públicas y para que las personas con discapacidad psicosocial “la vean como elemento de orientación hacia sus derechos humanos.
Participación de las organizaciones
Desde un principio, la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad ha procurado que la elaboración de esta Estrategia se sustentase al máximo en el diálogo civil y en la participación de las personas con discapacidad, sus familiares y organizaciones representativas.
Para ello se puso en marcha una consulta pública abierta a la participación de todos los ciudadanos interesados. También se llevaron a cabo grupos de discusión con expertos, personas con discapacidad y familiares, y se realizaron entrevistas en profundidad a hombres y mujeres con grandes necesidades de apoyo.
Además, la Estrategia recoge la experiencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, responsables cotidianos de estas políticas; se apoya en los estudios del Observatorio Estatal de la Discapacidad; analiza la legislación española, europea e internacional referida a las personas con discapacidad, y parte de las recomendaciones de Naciones Unidas basadas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Asimismo, esta estrategia examina los distintos actores que intervienen en la promoción de iniciativas y políticas a favor de las personas con discapacidad. Empieza por el propio tejido asociativo, agrupado en su mayoría en el Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (Cermi); la Administración central, las comunidades autónomas y los entes locales, y continúa por los organismos específicos, como la Dirección General de los Derechos de las Personas con Discapacidad o el Real Patronato sobre Discapacidad, sin olvidarse de los demás departamentos ministeriales y autonómicos que, de forma trasversal, desarrollan políticas que afectan al colectivo (vivienda, educación, empleo, sanidad…).
Tres asuntos clave
La Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 contempla tres asuntos clave: igualdad de género y enfoque feminista, ruralidad y reto demográfico y personas con grandes necesidades de apoyo. Y se organiza en torno a siete retos estratégicos: ciudadanía activa y pleno ejercicio de derechos; inclusión social y participación; autonomía personal y vida independiente; apoyo a las familias; igualdad y diversidad; accesibilidad y diseño para todos; y cohesión territorial, datos y estadísticas, gobernanza y diálogo civil.
Estos se agrupan a su vez en dos “ejes principales”, que son el eje motor y el eje transversal. El primero se refiere a la ciudadanía activa y al pleno ejercicio de los derechos humanos, y contiene cuatro ejes distintos, cada uno con objetivos concretos: inclusión social y participación; autonomía personal y vida independiente; igualdad y diversidad, y diseño y accesibilidad universal.
