13/10/2021
El nuevo Informe FOESSA exige devolver la dignidad al trabajo a través del empleo decente, y medidas que garanticen el derecho real a la vivienda
Bajo el título ‘Sociedad expulsada y derecho a ingresos’, Cáritas y la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) han presentado en Madrid el informe Análisis y Perspectivas 2021, en el que se analiza cuál está siendo el impacto de la pandemia en la cohesión social en España.
Los datos presentados por Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, y Thomas Ubrich, técnico del Equipo de Estudios, alertan que la crisis está dejando “un impacto muy preocupante, con una profunda huella de importantes consecuencias en las condiciones de vida y niveles de integración social de las personas y familias”.
Según el avance de resultados de la encuesta FOESSA 2021 (realizada a más de 7.000 hogares de todas las Comunidades Autónomas) se estima que año y medio después del estallido de la pandemia son ya 11 millones las personas que se encuentran en situación de exclusión social en España; 2,5 millones de personas más respecto a 2018, fecha de la encuesta anterior. Los 11 millones de personas con algún tipo de exclusión representan el 24% de la población en España.
Para Thomas Ubrich “una primera conclusión del informe sería que se ha producido un deslizamiento de los diferentes estratos de la sociedad hacia situaciones de mayor precariedad y exclusión social, una fuga imparable hacia una sociedad más desigual donde el grupo que más crece es el de los más desfavorecidos”.
Los datos de FOESSA “vienen a constatar lo que a lo largo de los últimos meses se ha venido comprobado a través de la acción social de Cáritas: que la pandemia está golpeando con más fuerza a los que ya eran los perdedores, a los más frágiles, los que ya tenían dificultades para mantenerse a flote, a los que no ha llegado el escudo social ni tenían ya el soporte de los mecanismos de protección propios, desgastados en la crisis anterior, de 2008”.
Otra de las alertas del informe es que, por vez primera desde 2007 las personas en exclusión severa superan los 6 millones, convirtiéndose en uno de los grandes damnificados por la COVID-19, con un incremento de casi 2 millones personas respecto del año 2018.
Perfiles más afectados
Aunque el aumento de la exclusión se ha dado de forma generalizada en el conjunto de la población, en “Análisis y Perspectivas 2021” se identifican los grupos y colectivos sobre los que la crisis ha tenido mayor impacto.
Es el caso de un grupo tradicionalmente afectado, el de las familias con niños, niñas y adolescentes en su seno. Las dificultades que entraña la crianza, y la debilidad de los apoyos públicos a las familias con menores de edad a su cargo, incrementan el riesgo de exclusión social en estos hogares, que es del 27% en parejas con hijos frente al 18% entre parejas sin hijos. Esta incidencia es mucho más acusada si se trata de una familia numerosa (47%) o de un hogar monoparental (49%), especialmente cuando la persona sustentadora principal es una mujer.
Por otra parte, el país de origen es otro de los condicionantes que pueden ser determinantes. Según el informe, “la pandemia ha intensificado situaciones de exclusión críticas para la población de origen inmigrante, y ha convertido en crónica su obvia posición de desventaja”. Esto se evidencia en una clara sobrerrepresentación de este grupo en el espacio de la exclusión (38% de familias en exclusión son familias de inmigrantes), aún más marcada en el de la exclusión severa (65%).
Nuevos factores de exclusión social
La pandemia ha provocado el empeoramiento de todas las dimensiones de exclusión analizadas por FOESSA: empleo, consumo, salud, educación, política, vivienda, conflicto social y aislamiento social.
El 25% de los hogares atraviesan graves dificultades en la dimensión del empleo, debido a las situaciones de desempleo, pero también por la realidad de un mercado laboral cada vez más precarizado y donde obtener un trabajo digno es cada vez más difícil, lo que conlleva una realidad de ingresos bajos e insuficientes. Esta precariedad salarial afecta en particular a la hora de garantizar el acceso y mantenimiento a una vivienda y suministros, que afecta al 24% de hogares españoles.
Brecha digital
El informe identifica también un nuevo motor de exclusión social y desigualdad, la brecha digital. Y dedica un capítulo específico a analizar las debilidades de nuestro modelo de protección social, poniendo un foco especial en el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El informe señala cómo en su configuración y normativa actual esta Ingreso ofrece una cobertura insuficiente y presenta obstáculos importantes para su solicitud y tramitación.
Los retos y propuestas
La última parte del informe plantea una serie de retos para incidir en los desajustes estructurales de nuestro modelo de desarrollo social y en una salida de la crisis para todos que no deje realmente a nadie atrás. Estos retos serían:
- Devolver la dignidad al trabajo creando empleo decente
- Necesidad urgente de políticas públicas suficientes y de un sistema público de provisión de vivienda más garantista
- Reducir la brecha digital mediante medidas y estrategias que garanticen el acceso a una conexión a internet y el derecho a adquirir competencias o habilidades para desenvolvernos en ese ámbito.
- Invertir en infancia y en políticas orientadas a la familia
- Aprobar políticas sólidas de equidad y solidaridad para la población inmigrante, que se encuentra segregada, que ocupa los niveles sociales más desfavorecidos y afronta graves dificultades en empleo, vivienda y pobreza.
- Esta crisis también ha sido mental. El sistema público de salud debe integrar una perspectiva de salud mental colectiva y comunitaria.
- Consolidar un sistema de garantía de rentas que proteja realmente. El IMV debe seguir mejorando en términos de cobertura y protección
