03/06/2021

La Economía Social, en la hoja de ruta de la futura Ley de Empleo y de otras Estrategias clave del Gobierno

El borrador de modificación de la Ley de Empleo, así como de otras Estrategias en las que está trabajando el equipo de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tendrá muy presente la Economía Social. Así lo afirmó Gerardo Gutiérrez, director del SEPE, el pasado 1 de junio durante el acto de presentación de resultados de los siete proyectos que la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y sus socios COCETA, LABORPAR, FAEDEI y REAS han desarrollado en 2020 con la financiación de la FUNDAE, el SEPE y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el marco del Plan de Impulso a la formación profesional para Economía Social y Autónomos.

Gutiérrez destacó la apuesta del Gobierno por la Economía Social, al estar incorporada y “ser protagonista” en la hoja de ruta de los tres documentos de desarrollo de políticas de empleo que tiene en marcha el Ejecutivo: la Estrategia Española de Apoyo Activo para el Empleo 2021-2014, que será aprobada en los próximos meses; el Plan de Acción de Garantía Juvenil Plus, el cual contiene 65 medidas a desarrollar entre 2021 y 2027, muchas de ellas alineadas con la Economía Social; y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que destacan las transferencias que se van a hacer a las CCAA, a través de las cuales éstas podrán potenciar la Economía Social.

El acto contó también con la intervención de la directora general de Trabajo Autónomo, Economía Social y RSE, Maravillas Espín, quien aseguró que “la formación va a ser uno de los ejes vertebradores en la próxima Estrategia de Economía Social” y señaló que los proyectos llevados a cabo como parte de este plan han permitido identificar algunas necesidades para poder avanzar.

Espín señaló entre estas necesidades la digitalización como capacidad a desarrollar y como fuente generadora de empleo; el pacto intergeneracional, que incluye la sensibilidad y conexión con las personas más jóvenes; las mujeres, y la atención y formación en los distintos estadios del ciclo de vida de las empresas.

Por su parte, el director gerente de la FUNDAE, Antonio de Luis, valoró la calidad de los estudios de la Economía Social y también insistió en esta idea: “estos trabajos nos dan una base para reflexionar en los fondos 2020-2021 sobre las necesidades de formación que tienen las empresas”.

El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, subrayó que “las empresas, grandes y pequeñas, van a necesitar trabajadores cualificados para innovar y crecer. Sin embargo, están aumentando los desajustes y las carencias en las capacidades, mientras que un gran número de personas corre el riesgo de perder su empleo. Solo aunando las fuerzas de todos los socios que estamos involucrados en la formación de la Economía Social podremos abordar este reto”.

Siete proyectos de Formación

El Plan de Impulso a la Formación Profesional para Economía Social y Autónomos, dotado de 3,4 millones de euros, ha permitido consolidar y articular la incorporación de las entidades representativas de la Economía Social al sistema de Formación Profesional para el Empleo. Tal y como señaló Pedreño, uno de los retos de este “ambicioso” plan era anticiparse a las necesidades formativas de las personas trabajadoras de la Economía Social y establecer las bases de una transformación global, protagonizada por la modernización y la digitalización, impulsada a su vez por los avances en la inteligencia artificial y la robótica. “Todo ello conlleva la aparición de nuevos perfiles profesionales y adaptar los existentes, una gran oportunidad que no debe dejar a nadie atrás para construir un crecimiento inclusivo y sostenible”, señaló.

Uno de los proyectos desarrollados por CEPES ofrece un completo análisis de las tendencias en la transformación digital de la formación, los cambios que conlleva en las metodologías, en las herramientas y en los contenidos formativos, necesarios para la cualificación o recualificación de los trabajadores. El otro estudio es un análisis de la situación socio laboral de los jóvenes en el mercado de trabajo desde la perspectiva de las empresas y entidades de Economía Social como solución al problema de desempleo de los jóvenes en nuestro país, siempre teniendo en cuenta el enfoque de género y los colectivos con especiales dificultades de empleabilidad.

El proyecto realizado por FAEDEI analiza las necesidades, retos y dificultades de formación en las Empresas de Inserción ante el impacto que ha supuesto el Covid-19 en los colectivos en riesgo de exclusión social, para que las entidades de la Economía Social puedan reconvertirse y adaptarse a las nuevas necesidades de formación en los próximos años.

El estudio realizado por REAS tiene como objetivo conocer el perfil competencial de las mujeres que emprenden, trabajan, colaboran o lideran empresas de la Economía Social y Solidaria (ESS) en el estado español. El proyecto identifica aquellas competencias en las que las mujeres tienen mayores márgenes de aprendizaje y mejora y aquellas que requieren visibilidad, promoción e impulso para lograr un estilo de liderazgo propio.

El estudio realizado por LABORPAR recoge buenas prácticas llevadas a cabo por diferentes empresas en el ámbito de la mediación y la concertación en la planificación de la formación para el empleo, que contribuyen a eliminar las posibles discrepancias y los obstáculos que puedan existir entre empresa y personas trabajadoras en el proceso de planificación de la formación, así como facilitar itinerarios formativos que cubran las expectativas de la empresa y de las carreras profesionales de las personas trabajadoras.

Los otros dos estudios han sido realizados por COCETA. Uno de ellos pretende cubrir la laguna formativa que existe en lo referente al perfil profesional del emprendedor en Economía Social a través de la definición de una serie de competencias comunes a las personas que emprenden en la Economía Social y de sus variables. El otro estudio se focaliza en conocer el grado de participación de los colectivos prioritarios en las distintas actividades de Formación Profesional para el Empleo en las empresas de la Economía Social y analiza propuestas de mejora para facilitar su accesibilidad a dicha formación.