12/11/2020

El Gobierno modifica la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe nuevas prácticas comerciales desleales

El Consejo de Ministros del pasado 3 de noviembre aprobó el proyecto de reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, que amplía su ámbito de aplicación, y prohíbe nuevas prácticas comerciales desleales, que repercuten negativamente en los precios para el agricultor, con el fin de "proteger" a agricultores y ganaderos, según informó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Planas explicó que con esta decisión, el Gobierno “adapta la legislación española a la directiva europea” y se atienden las reivindicaciones de los agricultores y las cooperativas agro-alimentarias.

“Es un proyecto de ley que fomenta la innovación en la cadena, un reparto más justo del valor y un paso adelante”, asegura el titular de Agricultura.

Planas ha resaltado que la reforma de Ley de la Cadena Alimentaria pretende “dar mayor transparencia al funcionamiento de la cadena alimentaria y a la formación de precios, lograr un equilibrio en todos los eslabones (productores, supermercados e industria) y proteger al más débil, al agricultor y al ganadero”.

De esta forma, la nueva norma completa los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, de medidas urgentes en materia de Agricultura y Alimentación, e incorpora en esta segunda fase al ordenamiento nacional la Directiva europea 2019/633 relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

Novedades del proyecto de Ley

Entre las novedades, destaca que cualquier transacción de los operadores de la cadena que en parte se haya producido en España tendrá cobertura en toda la Unión Europea. Esto significa que un exportador español de frutas y hortalizas podrá tener protección en operaciones con cualquier comprador de cualquier destino de otro país comunitario.

Amplía los productos cubiertos por la ley, de manera que a los primarios (agrícola y ganaderos) se añaden también los alimentos transformados. La modificación legal también extiende los supuestos en los que los contratos serán obligatorios y amplía las prácticas prohibidas, que entran en una “lista negra”, por ser contrarias al “comercio leal”, e incorpora nuevas infracciones sancionables.

Otra novedad es la inclusión de nuevas obligaciones en el contrato, por operaciones de un mínimo de mil euros, que ahora afectan a las relativas a un importe de 2.500 euros.

En el caso concreto de las cooperativas, Planas detalló que podrán sustituir eventualmente el contrato escrito por una “prescripción” y reglas claras sobre los plazos de pago, las referencias de precio y entrega para socios cooperativistas.

Entrará en vigor el 1 de noviembre de 2021

El titular de Agricultura, Pesca y Alimentación señaló que la tramitación parlamentaria de la nueva norma se concluirá en el primer periodo de sesiones de 2021 con el objetivo de cumplir el plazo previsto por la directiva europea y que entre en vigor previsiblemente el 1 de noviembre de ese año.

“Este es un proyecto que tiende a fomentar la innovación y la competitividad de la cadena, a tener un reparto más justo del valor y de cómo se retribuye a cada elemento de la cadena. Es un paso adelante de un sector que es altamente competitivo”, concluyó.

La anterior Ley de la Cadena Alimentaria fue aprobada en 2013.