29/10/2020
El CERMI defiende en el Congreso de los Diputados que esta debe ser “la legislatura de la discapacidad, en términos normativos”
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) defendió el pasado 26 de octubre en el Congreso de los Diputados que esta “debe ser la legislatura de la discapacidad, en términos normativos”, con el fin de adecuar el ordenamiento jurídico español a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Así se expresó el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, en su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, en la que planteó las principales prioridades del sector de la discapacidad de cara a la actual legislatura.
Pérez Bueno inició su intervención con “un recordatorio sentido y dolido a todas las víctimas y personas damnificadas por la pandemia y a sus familias y, en particular, a las del ámbito de la discapacidad que, junto con las personas mayores, han sufrido desproporcionadamente los efectos de esta crisis masiva de salud, devenida también en crisis social y económica, de magnitud desconocida”.
Además, expresó su preocupación por la situación en la que se encuentran las organizaciones del ámbito de la discapacidad al estar haciendo frente a importantes sobrecostes derivados de la pandemia, por lo que solicitó un fondo de rescate para el tercer sector de acción social en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 (PGE), con el fin de no poner en riesgo la atención que las organizaciones sociales prestan a la ciudadanía en situación de mayor vulnerabilidad.
Avances legislativos
En materia legislativa, Pérez Bueno valoró positivamente que se encuentren en trámite parlamentario la derogación de las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, que únicamente ya tiene que aprobar definitivamente el Senado; la reforma del Derecho Civil y Procesal para migrar de un modelo de supresión de la capacidad jurídica a otro basado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones en aquellas personas con discapacidad que lo precisen, y la reforma del artículo 49 de la Constitución, que comenzará próximamente su tramitación parlamentaria, con el fin de actualizar la terminología con la que se alude a este grupo social.
También planteó el “robustecimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS)” y que las personas con discapacidad sean consideradas “grupo de atención preferente”, con especial atención a la salud mental, el daño cerebral y las enfermedades raras.
Respecto del ingreso mínimo vital (IMV), el responsable del CERMI indicó que es un instrumento de protección social positivo, reclamado durante años por el sector de la discapacidad, pero pidió que se refuerce la protección de las personas con discapacidad como grupo social en situación de vulnerabilidad.
Activación laboral
En el apartado de activación laboral, lamentó la mayor exclusión que sufren las personas con discapacidad en este ámbito, que se verá agravada por los efectos de la pandemia, por lo que subrayó que es “más urgente que nunca” la aprobación de una nueva ley de inclusión laboral, puesto que la actual es de los años 80. De este modo, fijó el reto de elevar la tasa de actividad de las personas con discapacidad del 38% actual al 50% en los próximos años, lo que supondría la incorporación al mercado de trabajo de unas 150.000 personas.
“Deseamos estar en una posición, personal y colectiva, no de pedir, sino de contribuir, intensamente, a la mejora colectiva, a una vida en comunidad más decente, de la que deseamos ser corresponsables”, afirmó el presidente del CERMI, quien concluyó que “la discapacidad como diversidad humana que enriquece a la comunidad solo puede alcanzar su plenitud si existe una política pública y una acción legislativa exigente en clave de derechos humanos, inclusión y bienestar que permita liberar, para el bien colectivo y la mejora social, el enorme potencial de estas personas retenido por los obstáculos y barreras de un entorno todavía hostil y reticente”.