07/05/2020

La Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores envía al Gobierno sus propuestas para abordar la crisis y crear un nuevo modelo de atención y cuidados

Ante la pandemia de COVID-19 y las crisis producidas como consecuencia de ello, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores ha enviado al Gobierno un documento con propuestas concretas para las fases de desescalada y control del riesgo y medidas de acción de futuro para transformar el sistema de atención y cuidados. Con este documento, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores pone de manifiesto algunos aspectos de vital importancia para garantizar la salud, la vida, los derechos y la dignidad de las personas mayores. Entre las entidades que forman parte de dicha Mesa está la Plataforma del Tercer Sector, Cáritas, Cruz Roja, el Cermi, la ONCE y la Plataforma de ONG de Acción Social. 

Según pone de manifiesto la citada Mesa, la COVID-19 tiene una tasa de mortalidad más alta entre las personas de mayor edad, especialmente entre quienes tienen otros problemas de salud o enfermedades crónicas. Los últimos datos muestran que hasta un 30-40% de las personas que han muerto por coronavirus vivían en residencias de personas mayores. Para la Mesa, “estos datos ponen de manifiesto la profunda crisis estructural en el sistema de cuidados de larga duración, así como la falta de respuesta del estado del bienestar a las necesidades y derechos que todas las personas tenemos a lo largo de nuestra vida”.

Entre las demandas de la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores figura que es necesario recordar que las necesidades y derechos de las personas mayores deben considerarse en todas las fases de la desescalada y control del riesgo. Por ello, todas las medidas de desescalada deben contar con un informe de impacto en las residencias de mayores y discapacidad y se proponen distintas medidas para garantizar la seguridad y la salud de todas las personas, sea cual sea su edad, así como su derecho a una vida digna y autónoma.

En este sentido, las organizaciones piden que todas las residencias de mayores cuenten con equipos de protección y se realicen test PCR y análisis serológicos a todas las personas mayores y trabajadores de las residencias de mayores y otros trabajadores y trabajadoras de atención domiciliaria.

Además, se recuerda los pacientes deben ser tratados en unidades aisladas y dedicadas específicamente a pacientes con COVID-19, para evitar la propagación de la enfermedad. Se deben establecer de instalaciones intermedias para las residencias en las que resulte imposible salvaguardar la salud de la comunidad de mayores y trabajadores por la presencia de alguna persona con COVID-19. Como principio general, salvo complicaciones que requieran hospitalización, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores recuerda que las personas deben ser cuidadas allí donde viven, con el soporte sanitario adecuado de la sanidad pública a la que contribuyen con sus impuestos.

Propuestas de acción para el futuro

Otra de las propuestas más destacadas de este documento es la elaboración de un “plan de choque” de refuerzo de los servicios profesionales de atención domiciliaria, teleasistencia y recursos en residencias, al menos mientras dure el riesgo de la pandemia del coronavirus, así como la reforma de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Además, se propone la aprobación de una Ley integral de los derechos de las personas mayores y la puesta en marcha de políticas públicas dirigidas a evitar la discriminación de los mayores y a hacer efectivos sus derechos.

Según estudios del IMSERSO, más del 80% de las personas mayores quieren vivir en sus casas durante toda su vida y que, cuando no puedan hacerlo, prefieren un lugar lo más parecido a sus hogares. Por ello, la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores hace una serie de recomendaciones para caminar hacia un modelo de residencias que trabaje desde un enfoque de atención centrada en la persona. Entre otras acciones, es necesario el incremento de la ratio de gerocultoras en los centros existentes, plantear un nuevo diseño que garantice un ambiente más familiar para las personas mayores y profesionalizar el sector de los cuidados para apostar por un modelo de calidad.

Además, desde la Mesa también se apoya otro tipo de alojamientos o nuevos modelos residenciales, como el cohousing o las viviendas colaborativas.

Asimismo, para la Mesa es necesario fortalecer y garantizar la inspección y el control de las administraciones de los servicios públicos y concertados de atención a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, así como apostar por el tercer sector de acción social sin ánimo de lucro, frente a entidades con fines lucrativos para concertar y/o cubrir servicios sociales.

Por último, las organizaciones que forman parte de la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores recuerdan que se debe garantizar el derecho a la sanidad pública de todas las personas mayores, independientemente de donde vivan, y piden al Gobierno que apoye de forma decidida una Convención Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores por parte de Naciones Unidas.