19/12/2019
CEPES presenta el estudio de ‘Análisis del Impacto socioeconómico de los valores y principios de la Economía Social en España’
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) ha presentado el ‘Análisis del Impacto socioeconómico de los valores y principios de la Economía Social en España’. El estudio realiza un análisis de impacto para conocer mejor las implicaciones que los principios de la economía social tienen sobre la sociedad, y llegar a una valoración económica de los mismos. El informe ha sido realizado por Mª Isabel Martínez Martín (Directora) (Abay Analistas); Rosa Belén Castro Núñez (Universidad Rey Juan Carlos - URJC), Rosa Santero Sánchez (URJC) y Paula de Diego Olmos (Abay Analistas). Y da continuidad y amplía un estudio anterior, realizado en 2011.
El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, ha resaltado que este estudio responde a tres preguntas: ¿muestran las empresas de economía social un comportamiento diferente al de las empresas mercantiles? Si es así, ¿cómo afectan esas diferencias a la sociedad? y, por último, ¿cómo medir esos efectos en unidades monetarias? Pedreño destacó también que el estudio presenta una hipótesis sobre qué pasaría si las empresas de Economía Social pierden sus valores y principios, y pasan a comportarse como las empresas mercantiles, principalmente en tres aspectos: la contratación de ciertos colectivos con dificultades de acceso al empleo, las condiciones de trabajo de sus plantillas y la localización geográfica.
El informe, cofinanciado por CEPES, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Cajamar, Mondragón y la Fundación Espriu, muestra que los principios y valores de la Economía Social aporta a la sociedad unos beneficios netos totales cifrados en 6.229 millones de euros anuales, de los cuales el 71,7% está vinculado a la ocupación de colectivos con dificultades de acceso al empleo y el 16,9% a la mayor estabilidad en el empleo.
Por agentes, los principales beneficiarios son los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo, que reciben 3.930 millones de euros anuales en rentas salariales. En segundo lugar están las Administraciones Públicas, con 1.770 millones de euros anuales de beneficios directos e indirectos (gastos no realizados) y, por último, las propias empresas, que obtienen un beneficio neto de unos 528 millones de euros anuales.
La economía social en el tejido empresarial español
El Estudio recoge en su capítulo II un desarrollo del tejido productivo español, donde se revela que 6 de cada 100 empresas y entidades del sector privado de la Economía Española pertenecen a la Economía Social.
Según los resultados obtenidos, la Economía Social incorpora, en mucha mayor medida que la economía mercantil, colectivos de trabajadores con dificultades específicas de acceso al empleo, como mujeres mayores de 45 años, personas mayores de 55 años, personas con discapacidad, personas en situación o riesgo de exclusión social y personas de baja cualificación.
Mayores niveles de estabilidad en el empleo
Los niveles salariales son mucho más igualitarios entre hombres y mujeres; la diversidad en la dirección, con una mayor incorporación de mujeres y personas con discapacidad, o las posibilidades de conciliar mejor vida familiar y profesional son mayores en las empresas de economía social, según el informe presentado.
La especialización productiva de la Economía Social en servicios ligados a la dependencia y a la atención de personas mayores y con discapacidad es significativa. La Economía Social representa el 43,5% del total de la oferta de estos servicios y aumenta hasta el 59,3% en servicios sociales sin alojamiento.
El análisis confirma también la mayor presencia relativa de la Economía Social en las ciudades intermedias y zonas rurales, contribuyendo al mantenimiento de la población en estas zonas.
Impacto sobre el empleo
Con objeto de aproximar los principios y valores de la Economía Social el estudio contempla una hipótesis en la que las empresas de Economía Social pierden sus “principios” y pasan a comportarse como empresas mercantiles en temas como la contratación, la especialización o la localización geográfica.
Así, si la Economía Social se comportase como la Economía Mercantil más de 172.000 trabajadores pertenecientes a algún colectivo con dificultad de acceso a la ocupación perderían su empleo. De ellos, 86.000 serían personas con discapacidad, cerca de 60.000 trabajadores de baja cualificación, 21.000 mayores de 55 años, 3.400 personas en situación de exclusión social y 3.000 mujeres mayores de 45 años.
Por otra parte, se estima que cerca de 125.000 trabajadores que han disfrutado de periodos continuos de empleo en la economía social de mercado pasarían a tener una o más experiencias de desempleo en las empresas capitalistas.
Entre directivos, más de 1.600 trabajadores habitualmente infrarrepresentados en los puestos más altos de las empresas dejarían de ocupar estos puestos (cerca de 1.100 mujeres y 600 personas con discapacidad).
Al año, más de 2.600 trabajadores que actualmente disfrutan de periodos de excedencia para el cuidado de ascendientes o descendientes no optarían por estos periodos. Y en el ámbito territorial se perderían cerca de 55.000 empleos en las zonas rurales y unas 141.000 personas podrían desplazarse a zonas urbanas.
Presentación del Informe
En la presentación del informe estuvieron presentes la directora general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la RSE del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, María Antonia Pérez León; el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, y el equipo investigador de Abay Analistas y la URJC.
Pérez León destacó que este análisis “nos permite conocer datos estadísticos que ponen de manifiesto el importante impacto de este modelo empresarial, no solamente en el escenario socioeconómico español, sino también en la implantación de la Agenda 2030”.
Pedreño mostró “su satisfacción por los resultados de este estudio, que supone una herramienta científica que avala las reivindicaciones institucionales de nuevas políticas públicas a favor de la Economía Social, basadas en la constatación empírica de sus aportaciones sociales y territoriales”.
