03/10/2019

La economía social contribuye de forma intensa a la inserción socio-laboral de colectivos en riesgo de exclusión

La economía social, en sus distintas tipologías, contribuye de forma intensa a la inserción socio-laboral de colectivos en riesgo de exclusión. Así se puso de manifiesto los pasados días 26 y 27 de septiembre durante el III Encuentro Internacional de Investigadores sobre Economía Social, Autogestión y Empleo, organizado por el Grupo de Investigación ECOSOCIAL2020 con sede en la Universitat de València (Instituto de Investigación en Economía social, Cooperativismo y Emprendimiento - IUDESCOOP), y financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Agencia Estatal de Investigación y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DER2016-78732-R).

Durante el encuentro, un numeroso grupo de expertos de 8 países de Europa y Latinoamérica analizaron el potencial de las empresas de economía social para hacer frente a uno de los retos de nuestra sociedad: la inserción a través del trabajo de los colectivos más vulnerables (personas en riesgo de exclusión, personas con discapacidad, etc.) y los resultados de las políticas aplicadas hasta ahora, como la Estrategia Española de la Economía Social 2017-2020, entre cuyos ejes está el fomento de la inclusión social en la economía social.

El primer experto en intervenir fue el profesor Aitor Bengoetxea (GEZKI-Universidad del País Vasco), quien recordó cómo las personas con discapacidad tienen tasas de actividad y empleo “que nos sitúan ante una realidad que está lejos de resultar satisfactoria”. “El primer reto que se plantea es la definición de colectivos vulnerables. No hay un concepto jurídico de esa expresión, ni tampoco una lista sobre los grupos de personas que la conforman. La norma legal que más se acerca a la cuestión es la Ley de Empresas de Inserción, que sitúa los colectivos vulnerables en torno a las situaciones de pobreza y exclusión social”, explicó el profesor vasco.

Centros especiales de empleo y Empresas de inserción

Por su parte, el profesor José Luis Monzón, director de CIRIEC-España, afirmó que en España los dos principales grupos de empresas orientadas a la inserción laboral son los centros especiales de empleo de la economía social y las empresas de inserción. Y recordó que en España existen 2.105 CEE que ofrecen empleo a 82.899 personas con discapacidad (datos de 2017), con unos ingresos totales de 5.700 millones de euros.

Asimismo, según los datos de las 178 empresas de inserción afiliadas a FAEDEI (Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción) estas empresas, mayoritariamente concentradas en Cataluña y País Vasco, empleaban en 2017 a un total de 6.042 trabajadores, de los cuales 3.438 eran personas en inserción. Los ingresos de explotación de estas empresas ascienden en dicho año a 119,5 millones de euros.

El profesor Miguel Ángel García Calavia (IUDESCOOP-UV) expuso los primeros resultados de una radiografía que se está llevando a cabo de las empresas sociales de integración laboral en España, cinco años después de dada por finalizada la primera gran recesión de este siglo (2009-2014).

El profesor Luis Ángel Sánchez Pachón (Universidad de Valladolid), por su parte, advirtió de la caracterización vigente de los CEE y, sobre todo, del cambio significativo producido en la Ley de 2017, de contratos del sector público en favor de los llamados de iniciativa social. “El cambio no deja de ser polémico” -afirmó- “porque la ley de Economía Social no distingue categorías de centros especiales de empleo y reclama la promoción de todos ellos”.

Cooperativas de iniciativa social

También de la Universidad de Valladolid, la profesora Amalia Rodríguez centró su intervención en las cooperativas de iniciativa social, que pueden ser cooperativas de trabajo asociado y cooperativas de consumidores. En España estas cooperativas pueden tener fines de interés general en relación con la atención a personas en riesgo de exclusión social, a través de la integración laboral. Sin embargo, dichas cooperativas siguen teniendo algunas dificultades, por su discriminación en la normativa fiscal y de compartir fines y ausencia de lucro, y por su reducido tamaño, por lo que se sugiere una colaboración más intensa tanto en sentido horizontal (intercooperación económica) como vertical o asociativa, y de este modo tendrían mayores facilidades en el acceso a la contratación pública.

La experiencia internacional

Durante el Encuentro se pudo conocer también la realidad internacional de la inserción socio-laboral de colectivos en exclusión a través de las empresas de economía social, gracias a las aportaciones de Antonio Fici (U. Molise, Italia), David Hiez (U. Luxemburgo), Ifigenia Douvitsa (Open University, Athens, Grecia), Ger van der Sangen (Tilburg U. Holanda), Deolinda Meira (ISCAP Porto, Portugal), Maria Angeles di Capua (UN Rosario, Argentina) y Emanuelle Maffioletti (U. Sao Paulo, Brasil).

La última sesión se dedicó a la exposición de algunas de las mejores comunicaciones presentadas. Entre otras, Soledad Fernández-Sahagún habló de las consecuencias de la recien aprobada Directiva europea 2019/1158 sobre conciliación de la vida familiar y profesional de progenitores y cuidadores, que puede contribuir a favorecer la inserción sócio-laboral de muchas mujeres. Aicha Belassir criticó la obsolesccencia de la ley de empresas sociales, e informó sobre la creciente participación y los resultados del balance social realizado por las empresas sociales en España. Ana Isabel Córdoba habló de la empleabilidad de las personas, que no puede medirse solo por el número de contratos firmados, sino que deben tenerse en cuenta otros indicadores de empleabilidad, como son los factores individuales, las circunstancias personales del trabajador y factores externos (ofertas de empleo, ...)

El siguiente objetivo es publicar en los próximos meses un libro que recoja las principales aportaciones a este Encuentro.