25/04/2019

El Gobierno aprueba el Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 12 de abril el Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable en el marco de la Ley de Contratos del Sector Público. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, explicó que con el plan “se dará impulso a la aplicación de consideraciones sociales en la contratación pública”. Según el Plan, las empresas que cuenten en sus plantillas con personas con discapacidad, dispongan de planes de igualdad entre hombres y mujeres, fomenten la conciliación laboral y tengan buenas condiciones salariales y laborales tendrán mayores posibilidades de convertirse en proveedores de la Administración y ganar las licitaciones.

El objetivo es incentivar la utilización de la contratación pública para la promoción de oportunidades de empleo, trabajos dignos, inclusión social, accesibilidad o comercio justo, entre otras áreas en las que la Economía Social, con sus empresas y entidades diversas, lleva trabajando intensamente durante muchos años.

Con esta medida se profundiza en el enfoque de la contratación pública denominada "contratación pública estratégica", la cual constituye una aproximación novedosa a la compra pública, al poner esta última al servicio de otras políticas consideradas clave como la política social.

Las medidas del plan se agrupan en tres ejes. En primer lugar, el plan sistematiza y recopila todas las previsiones que la Ley de Contratos del Sector Público contempla en materia de contratación pública estratégica socialmente responsable.

En concreto, el plan pretende impulsar la aplicación por parte de las entidades del sector público estatal de toda una serie de orientaciones para la redacción de los pliegos de las licitaciones públicas. Por ejemplo, serán excluidas las empresas que no cumplan con su obligación legal de tener una cuota de reserva de puestos de trabajo del 2% para personas con discapacidad.

También recoge la obligación de rechazar ofertas por vulnerar la normativa social o laboral, fija que se tomen en cuenta consideraciones sociales como parámetro de la calidad de la prestación, y la obligación del contratista y de sus subcontratistas de cumplir determinadas consideraciones sociales durante la ejecución del contrato, pudiendo su incumplimiento, en el primer caso, llevar aparejada incluso la resolución del contrato.

En segundo lugar, el plan incorpora la previsión de la creación de un grupo de trabajo en el seno de la denominada Comisión interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública, con la finalidad de que sea este grupo el que aborde los trabajos preparatorios necesarios para desarrollar las previsiones en materia de contratación pública socialmente responsable contenidas en la Ley de Contratos.

Por último, el plan impulsa la formación de los gestores que desde el sector público estatal deberán seguir las orientaciones que contiene el plan.