14/05/2007

El Gobierno y las Comunidades Autónomas aprueban el Reglamento de la Ley de Dependencia

Los grandes dependientes, las personas que necesitan a otra para desarrollar su vida diaria, es decir, comer, salir, lavarse o tomar decisiones, ya pueden solicitar y recibir todas las prestaciones y servicios que necesitan. Este nuevo derecho que establece la Ley de Dependencia es una realidad, tras la aprobación por el Gobierno y las comunidades autónomas del reglamento que la desarrolla. El 9 de mayo tuvo lugar el acuerdo que hace posible que, a partir de ahora, todas las personas afectadas por una dependencia puedan solicitar a sus comunidades servicios como atención a domicilio, una plaza en una residencia, teleasistencia, etc.

Los ciudadanos con menor grado de dependencia irán recibiendo las ayudas de manera paulatina hasta la total implantación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en 2015.

Este año el Estado garantiza un nivel de protección mínimo de hasta 250 euros por cada gran dependiente, según afirmó la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, tras la celebración del Consejo Territorial de Dependencia que acordó el desarrollo de la Ley. Cada comunidad pondrá, además, una cantidad

similar por usuario.

Además de garantizar el nivel mínimo de protección, el Gobierno destina otros 220 millones de euros a las Comunidades Autónomas para financiar la Ley. La distribución de este fondo se ha realizado teniendo en cuenta criterios como el número de personas dependientes que viven en ese territorio, la superficie o insularidad.

Hasta 781 euros mensuales por persona dependiente

Amparo Valcarce insistió en la importancia de la reunión del Consejo Territorial, que fue presidida por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, porque en ella se concretaron los servicios a los que las personas dependientes tendrán derecho y las ayudas económicas que recibirán: hasta 780 euros mensuales, si se trata de un cuidador, y 561 euros mensuales, si el que cuida a la persona dependiente es un familiar del mismo.

Además, la Ley contempla otra prestación para proteger la autonomía personal de las personas con gran dependencia: la de asistencia personalizada, que establece una prestación para la contratación de un asistente personal de 780 euros mensuales.

La evaluación de la dependencia la realizarán los servicios sociales de las comunidades, y los ciudadanos tendrán que solicitársela a estos servicios, incluso desde su domicilio. Tras la aprobación, el viernes 11 de mayo, por el Consejo de Ministros del Real Decreto que fija los niveles mínimos de protección de la Ley, los grandes dependientes ya tienen garantizada una prestación de hasta 250 euros mensuales.

Los cuidadores familiares, en la Seguridad Social

Los cuidadores familiares de personas en situación de dependencia cotizarán por el Régimen General de la Seguridad Social, de acuerdo a un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el viernes 11 de mayo.

Con ello se persigue establecer una red de cuidadores organizada, con derechos laborales y formación adecuada. Al ser cotizantes, estas personas podrán acceder a las prestaciones de las que disfrutan el resto de los trabajadores.

Una parte del coste de la cotización a la Seguridad Social y de las acciones de formación será asumida por el Estado.