07/02/2019
Se celebra en Pamplona el II Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad
La responsable de la Comisión de Inclusión Laboral del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Pepa Torres, ha defendido este jueves que “es más necesario que nunca” aprobar un nuevo marco normativo de impulso de la empleabilidad de las personas con discapacidad, “a fin de superar la mayor desigualdad que ha producido la crisis económica y afrontar la incertidumbre existente sobre el mercado laboral en el futuro”.
En estos términos se expresó la también directora de la Federación Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem) durante su intervención en el II Congreso Nacional del Derecho de la Discapacidad, que se celebra en Pamplona del 6 al 8 de febrero en el Palacio de Congresos y Auditorio de Baluarte, y que ha sido organizado por el Cermi Estatal, la Fundación Derecho y Discapacidad y la Fundación Caja Navarra.
Esta experta apuntó cuatro aspectos que en su opinión tienen que ser los ejes fundamentales de la nueva legislación. Así, explicó que debe tener un carácter “holístico, sistémico y flexible”, porque debe abordarse desde una perspectiva múltiple; debe tener en cuenta el ciclo vital de las personas, que en muchos casos ya no es lineal; ha de recoger mecanismos para medir su impacto social real, y debe abordar las diferencias existentes entre comunidades autónomas.
Pepa Torres hizo un repaso por los diferentes hitos legales que se han ido produciendo en España para reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, como la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, o la Convención Internacional de la Discapacidad, tratado que sin en su opinión “ha supuesto un cambio de paradigma”.
“Nos hemos encontrado, en materia de tasa de ocupación, con una evolución positiva entre 2014 y 2017”, afirmó Torres, quien recordó que, en todo caso, en los últimos 18 años, la tasa de actividad de las personas con discapacidad ha crecido solo un 3%. En suma, la directora de Feacem ha resaltado que, según los datos disponibles, solo una de cada cuatro personas con discapacidad está trabajando.
Accesibilidad Universal y Derecho
Por su parte, el presidente de la Fundación Caja Navarra y doctor en Derecho, Javier Miranda Erro, realizó un amplio análisis del concepto de accesibilidad universal y explicó que, además de eliminar obstáculos y barreras, “la Convención Internacional de la Discapacidad obliga a que los nuevos productos, entornos y servicios se creen teniendo en cuenta el diseño para todas las personas”. Asimismo, recordó que estas obligaciones no solo vinculan a la Administración General del Estado, sino también a las territoriales, como es el caso de las autonomías, diputaciones y ayuntamientos.
Advirtió también de que la falta de accesibilidad produce muchas dificultades para acceder al ejercicio de los derechos fundamentales a las personas con discapacidad, al tiempo que indicó que “muchas veces, la accesibilidad insuficiente es fruto de la falta de formación de los técnicos”.
El presidente del Cermi y de la Fundación Derecho y Discapacidad, Luis Cayo Pérez Bueno, ahondó también en el concepto de accesibilidad universal, explicando que esta materia, para el Derecho, “es muy sugeridora y productiva”.
Dentro de este ámbito subrayó la importancia de avanzar hacia una regulación de la accesibilidad cognitiva, para lo que se ha trasladado una propuesta a las diferentes formaciones políticas, que va a ser estudiada en el Senado. Según explicó, se trata de una propuesta detallada del sector de la discapacidad organizado en torno al Cermi, un movimiento “exigente, pero que realiza propuestas fundamentadas y desarrolladas”, un requisito que, en su opinión, es “muy importante” para que las iniciativas maduren y salgan adelante.
II Congreso de Derecho de la Discapacidad
El II Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad se celebra hasta este viernes, 8 de febrero, en Pamplona para analizar de forma concreta los avances normativos y jurisprudenciales que se han producido en los últimos años, así como la agenda legislativa todavía pendiente en materia de derechos de las personas con discapacidad. El evento cuenta con la presencia de expertos del ámbito del derecho, la discapacidad, las administraciones públicas y las universidades.
El Congreso fue inaugurado por la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, quien afirmó que el Gobierno “ha avanzado en los últimos meses en adaptar la legislación a las necesidades de las personas con discapacidad”. Todo ello con el objetivo de “avanzar de forma efectiva en la plena inclusión de las personas con discapacidad y en la corrección de las situaciones de discriminación que todavía hoy persisten en nuestra sociedad”.
En este sentido recordó distintas medidas tomadas recientemente, entre ellas la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que va a permitir el voto a cerca de 100.000 personas con discapacidad intelectual; la Orden que regula la prestación ortoprotésica en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, que amplía el catálogo de productos disponibles para las personas con necesidades diferentes, y los presupuestos presentados para 2019, con la ampliación en 831 millones de euros de las partidas destinadas a la atención de las personas en situación de dependencia.
La ministra advirtió también que en el mes de marzo la ONU examinará por segunda vez a España de su nivel de aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se ratificó en 2006 y entró en vigor en 2008. Carcedo confió en que los pasos que se han dado en los últimos meses para mejorar la integración y los derechos de las personas con discapacidad influyan en un buen resultado.
