29/11/2018

Un estudio de la Universidad Pública de Navarra demuestra la enorme utilidad para las organizaciones y empresas de economía social de realizar informes de impacto social

La Asociación de Daño Cerebral de Navarra (ADACEN) ha presentado el primer informe de evaluación social de su actividad utilizando la metodología SROI, siglas en inglés de Retorno Social de la Inversión. El resultado principal de este informe es que la Asociación retorna a la sociedad algo más de 3 euros (exactamente 3,0193) por cada euro que recibe de las diferentes fuentes que financian su actividad (socios, usuarios, entidades públicas y donaciones de particulares, empresas y fundaciones).

Se trata de la principal conclusión del documento elaborado conjuntamente de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la consultora InPactos, con el apoyo la Unidad de Innovación Social del Gobierno de Navarra para demostrar los beneficios que ADACEN aporta a la comunidad. “Una de las claves”, señala Francisco Fernández Nistal, director de la asociación, “es demostrar que nuestro impacto va más allá de la información contable contenida en las cuentas anuales y que es necesario considerar el conjunto de nuestras actividades que generan un impacto positivo en Navarra. Con la metodología SROI hemos podido traducir a números, a un valor económico objetivo, ese retorno”.

Esta metodología, una de las más conocidas y experimentadas según el Comité Económico y Social Europeo, incorpora el valor social y ambiental que actualmente no se refleja en las cuentas financieras convencionales. La medición del impacto social avanza en la cultura empresarial entre otros motivos por la necesidad de innovación y por el impulso de las políticas europeas de evaluación desarrolladas por la Comisión Europea.

El método SROI

Pablo Archel, profesor de la UPNA ha explicado en qué consiste el método SROI, que parte de los recursos económicos invertidos en la actividad y, a partir de las actividades realizadas con esos recursos y los efectos que éstas tienen sobre la población atendida, determina su impacto o huella social. Se trata de combinar factores cuantitativos con factores cualitativos. Archel ha señalado que en los últimos años “ha aumentado el interés por medir el impacto global de una organización, en especial aquellos que no vienen recogidos en las cuentas anuales tradicionales de una empresa. Es decir, hay un interés creciente en conocer no tanto la cifra de un beneficio con el que retribuir a sus propietarios, sino la contribución de la firma al cambio social y a la generación de valor para todas sus partes interesadas”.

Por su parte, Luis Campos Iturralde, de la consultora InPactos, ha explicado las herramientas que se han utilizado durante el proceso de evaluación y que se han aplicado a los Grupos de Interés de la entidad que han participado en la elaboración del SROI. Concretamente, se han realizado encuestas presenciales asistidas a personas usuarias con Daño Cerebral Adquirido y personas mayores de 65 años con afectación neurológica del programa “Envejeciendo Juntos”, encuestas a familiares, trabajadores y personal voluntario de Adacen y entrevistas presenciales simiestructuradas a diferentes grupos de interés como financiadores privados, proveedores de servicios, centros tecnológicos, Administración Pública Foral. En total han participado más de 150 personas.

Por último, el también profesor de la UPNA Francisco López-Arceiz ha explicado cómo se analizó la contabilidad de ADACEN para conocer el valor económico de inputs (aportaciones a la entidad para el desarrollo de cada programa) y outputs (resultados o impactos). Con todo ello se calcula el SROI. López-Arceiz ha señalado que “conviene destacar la transversalidad de la herramienta, que puede ser aplicada a distintas entidades, obteniendo como resultado una tasa de rentabilidad de fácil interpretación y que permite un conocimiento detallado de las actividades y procesos que tienen lugar dentro de una organización”.

Para finalizar, el documento señala varias recomendaciones tanto para ADACEN como para las Administraciones Públicas, los financiadores privados y los centros tecnológicos.