05/04/2018
CEPES acoge la presentación de la ‘Guía de aplicación de la debida diligencia sobre derechos humanos para empresas’
La Sede de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) acogió el pasado 23 de marzo la presentación de la ‘Guía de aplicación de la debida diligencia sobre derechos humanos para empresas’. Esta publicación electrónica, elaborada por la Fundación CIDEAL con el apoyo de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, es una herramienta práctica dirigida a ayudar a las empresas a elaborar una política corporativa de respeto y cumplimiento de los derechos humanos en sus actividades tanto en España como en terceros países.
Según se explica desde CEPES, la Guía contribuye a hacer efectivo el Plan de Empresas y Derechos Humanos aprobado en 2017 por el Gobierno de España. Ofrece un sistema para la valoración de impactos de las actividades empresariales sobre estos derechos y señala algunos pasos para incorporar un proceso de debida diligencia en la empresa, incluyendo además un estudio de caso.
La Guía fue presentada por Manuel Gómez Galán, director general de CIDEAL, y por Emili Villaescusa, miembro de la junta directiva de CEPES. Además, contó con las intervenciones del director de proyectos de la Fundación CIDEAL, Héctor Sainz Ollero, y del diplomático y experto en Derechos Humanos y Empresas, Carmelo Angulo Barturen, quien señaló que el cumplimiento de los derechos humanos ofrece a las empresas una garantía de éxito no solo para su reputación, sino también para asegurar la viabilidad y sostenibilidad de sus proyectos y del entorno donde los desarrolla.
Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos
En efecto, si bien el Pacto Global instaló y generalizó en el año 2000 un nuevo espíritu ético para las empresas globales, al que se acogieron miles de ellas, lo que supuso importantes avances en el comportamiento de las compañías y sus grupos de interés, lo cierto es que la sensación de voluntarismo y falta de compromiso y rendición de cuentas llevaron al lanzamiento, en 2011, por el entonces secretario general de la ONU, Koffi Annan, de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Dichos principios están contenidos en tres pilares: la obligación de los Estados de promover y proteger los derechos humanos; la responsabilidad de las empresas de respetarlos donde quiera que operen, y la obligación de reparar los daños causados por unos u otros a través de sus omisiones.
Se trataba no solo de contribuir a una “globalización socialmente sostenible”, sino también de fortalecer la reputación del sector empresarial, sobre todo en aquellas actividades en las que los riesgos de afectación de los derechos humanos (industrias extractivas, textiles, agrícolas, energéticas, etc.) son mayores.
Para fomentar el valor compartido y hacer frente a los riesgos económicos y reputacionales que puedan ocasionar dichas acciones, las empresas deben saber y hacer saber que respetan los derechos humanos como un compromiso sistémico, desde las más altas instancias de la empresa, llegando a todos los niveles.
Para todo ello, esta Guía orienta a las empresas a crear una dinámica continua, con un mecanismo de seguimiento, medición y evaluación, así como de rendición de cuentas en el impacto sobre los derechos humanos de la actividad de las empresas españolas.
