01/03/2018

Fundación ONCE y el Cermi analizan en una jornada “los compromisos sociales” de la nueva Ley de Contratos del Sector Público

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha destacado la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, una normativa que entrará en vigor el próximo 9 de marzo y que, en su opinión, tendrá un efecto “social e integrador” en favor de colectivos como el de las personas con discapacidad.

Montoro fue el encargado de inaugurar la jornada ‘Los compromisos sociales de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Una oportunidad de fomento de empleo de trabajadores con discapacidad’, encuentro en el que se analizaron las principales novedades de la nueva normativa, y las oportunidades que brinda para las asociaciones representantes de las personas con discapacidad en España. 

El ministro agradeció la tarea que realiza la sociedad civil, en este caso desde el Foro de la Contratación Socialmente Responsable, impulsando acciones que promueven mejoras en este terreno. Recalcó que el resultado es una ley que ha salido adelante con gran consenso, en lo que debe ser un ejemplo de cómo se debe actuar. Además, apuntó que dicha ley entra en vigor en un momento económico favorable y de estabilidad presupuestaria de las administraciones, a las que advirtió de que “no hay excusas ni pretextos para ahorrar en términos de costes en lo social”. 

Por último, Cristóbal Montoro señaló que el Gobierno velará por la aplicación de esta nueva norma que, entre otros objetivos, se propone acabar con las desigualdades en el acceso al empleo de mujeres o de personas con discapacidad. “El Gobierno estará muy activo en términos de vigilancia para cumplir con esta deuda social”. 

La jornada contó también con la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Foro de la Contratación Socialmente Responsable (Foro CON R) y expresidente del Gobierno; Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y su Fundación; Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE y presidente de ILUNION; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI, y Antonio Francisco Pradas, presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados.

El Tercer Sector como aliado

Durán admitió sentirse “esperanzado” con la llegada de nuevos tiempos de bonanza, y recordó la labor que desempeña la ONCE y su Fundación de ayudar a quienes más lo necesitan. “Para los excluidos”, advirtió, “nunca hay tiempos buenos”. Aseguró que desde el Gobierno se piensa en el Tercer Sector como un aliado y se felicitó del avance que supone esta ley, “que nos da instrumentos para crear empleo y ser más eficaces”. 

Por su parte, Antonio Pradas señaló que en lo que se refiere a esta ley, ésta es el fruto del debate, de la discusión y del trabajo de todos los grupos, “y es la prueba de que la voluntad de acuerdos puede dar frutos en materias tan sensibles como la de la contratación pública”.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas repasó las principales novedades que introduce la ley, señalando como una de ellas la oportunidad que supone para las empresas y organizaciones de la economía social. “Se trata de una buena ley, que incorpora novedades muy importantes sobre todo en materia social”, resumió. 

Herramienta poderosa y vigorosa para el cambio social

Por su parte, el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, apuntó que en España “tenemos la mejor ley de contratación pública desde el punto de vista de la inclusión”, por lo que hizo un llamamiento al Tercer Sector, en general, y al tejido asociativo de la discapacidad, en particular, para usar las herramientas “muy poderosas y vigorosas” y las bondades que recoge la nueva Ley de Contratos del Sector Público. A su juicio, esta normativa “nos ofrece instrumentos para el cambio social, que es nuestra obligación como sociedad civil comprometida y responsable”. 

Entre los puntos que contiene esta ley, Pérez Bueno subrayó la prohibición de contratar con las administraciones a las empresas que no cumplan con la reserva mínima del 2% de puestos de trabajo para personas con discapacidad; que entre los requisitos y exigencias para adjudicar contratos públicos estén “la accesibilidad universal y el diseño para todos”, así como la solución que se da a un “problema enquistado” como el de la subrogación laboral o la garantía de la prestación de servicios de proximidad al ciudadano.

Por último, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Foro CON R, explicó el trabajo que realiza este foro de colaboración público-privada, que cuenta con el aval y el apoyo de la ONCE y el Cermi. Según dijo, es un modelo que está llamado a dar buenos resultados con trabajos como éste, que tiene el objetivo de que la contratación pública contribuya a la cohesión social. 

“Es una gran ley y espero que la buena voluntad que ha habido hasta ahora en su tramitación se traduzca en la aplicación de una ley moderna, avanzada, socialmente incluyente, ejemplar y referencia para otros continentes. Puede ser transformadora, innovadora y una gran palanca de cohesión”, celebró.

Ley de Contratos del Sector Público

La Ley, que entra en vigor el próximo 9 de marzo, tiene como objetivo fundamental implementar en España una contratación pública socialmente responsable. Para ello, introduce como finalidad de la contratación pública el cumplimiento de principios de integridad y promoción de aspectos sociales como medio de lograr la transparencia, igualdad, concurrencia y una mejor relación calidad precio.

Entre otras cuestiones, introduce la prohibición de contratar con el Sector Público a aquellas empresas de más de 50 empleados que no cumplan con la cuota legal del 2% de personas con discapacidad en sus plantillas; la posibilidad de incorporar de manera transversal y preceptiva cláusulas sociales, así como la reserva de un porcentaje mínimo de determinadas actividades a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción.

El Foro de la Contratación Socialmente Responsable, Foro CON R, tiene como fin promover la inclusión de cláusulas de contenido social en la contratación pública y privada que favorezcan al colectivo de las personas con discapacidad. Nació en julio de 2010 con el impulso de Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Descargar Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público