01/02/2018
La Plataforma del Tercer Sector y el CERMI abordan en un seminario la reforma social de la Constitución española
El vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector y presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha afirmado que “el debate territorial no puede hacer que lo social sea irrelevante en una futura reforma constitucional”, por lo que ha reclamado que “se eleven a categoría de fundamentales los derechos sociales”.
Así lo manifestó Pérez Bueno durante la inauguración del seminario ‘La reforma social de la Constitución española. Constitucionalización como fundamentales de los derechos sociales’, organizado por el CERMI y la Plataforma del Tercer Sector (PTS) el pasado 30 de enero en el Salón de Tapices del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia. El seminario reunió a representantes de la Economía Social y el Tercer Sector, académicos, políticos, sindicalistas y especialistas en Derecho Constitucional para debatir sobre la necesidad de realizar una reforma de la Carta Magna, que eleve a categoría de fundamentales los derechos sociales, blindando así la protección de la ciudadanía.
En su intervención, el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, subrayó que los derechos sociales, culturales y económicos deben formularse como fundamentales de acuerdo a las cartas y tratados internacionales. Además, pidió compromiso para que exista una verdadera participación de la ciudadanía y las organizaciones del Tercer Sector en la vida política.
Igualmente, Poyato manifestó que es esencial “dignificar” la vida de las personas en general, pero en particular, de los más vulnerables. “El Estado debe estar legitimado para desarrollar actuaciones que redunden en beneficio de lo social para lograr equilibrio y cohesión social y así lograr una sociedad del bienestar”, ha indicado.
Por su parte, el secretario general de la plataforma del Tercer Sector y secretario general del Consejo General de la ONCE, Rafael de Lorenzo, ofreció una ponencia en la que se mostró a favor de una reforma constitucional. En su opinión, “uno de los defectos de los constituyentes es que no se acordaron de los derechos sociales a la hora de articular derechos fundamentales y principios rectores”.
Asimismo, reclamó que sin eliminar competencias autonómicas se establezcan unas políticas en las que el Estado pueda actuar. “Tenemos que superar la etapa en la que el Estado está privado de herramientas para hacer determinadas políticas sociales”, indicó Rafael de Lorenzo, que también puso de relieve la importancia de que la Carta Magna reconozca el papel del Tercer Sector. “La Constitución debe hacer un ejercicio de reconocimiento hacia las organizaciones sin ánimo de lucro surgidas de la iniciativa social que trabajan por el interés general. Los poderes públicos tienen que hacer una labor de reconocimiento del diálogo civil”.
En relación con las personas con discapacidad, el secretario general de la PTS instó a pasar del “modelo médico rehabilitador actual que todavía se refleja en la Constitución, al paradigma de derechos, en línea con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
El programa del Seminario incluyó una mesa redonda de políticos, moderada por el periodista Pablo Herreros, y en la que participaron los diputados Francisco Martínez Vázquez (PP); Marisol Pérez (PSOE); Carolina Bescansa (Unidos Podemos), y Diego Clemente (Ciudadanos).
‘Los derechos sociales en el constitucionalismo europeo: Visión panorámica’ fue el título de la ponencia que ofreció Miguel Ángel Cabra de Luna, consejero del CESE en representación de CEPES, y director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE. Según explicó, una de las diferencias que presenta España, con respecto al resto, es que los tratados internacionales son de obligado cumplimiento cuando se ratifican.
“El modelo de absorción o integración de la normativa internacional es de efecto directo desde su ratificación. No puede haber un derecho blando y un derecho duro, sino que tiene que ser único”, agregó Cabra de Luna, quien comentó que se debería poder llegar a establecer en la Constitución “un derecho mínimo vital y el establecimiento de un cuadro de garantías sociales para toda la ciudadanía”. De este modo, ha advertido de que “no cabe desarrollo económico sin desarrollo social, puesto que son complementarios”.
