21/09/2017

Fundación ONCE reclama un nuevo marco jurídico que favorezca el empleo de las personas con discapacidad

La tasa de actividad de las personas con discapacidad es mucho más baja que la del resto de la sociedad por lo que “es necesario un nuevo marco jurídico que favorezca el empleo de las personas con discapacidad y posibilite que la tasa de actividad de este colectivo se pueda situar en el 50 por ciento en los próximos 5 años”, en palabras de Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE.

Alberto Durán hizo esta petición durante su comparecencia en la Comisión de Discapacidad del Senado, que tuvo lugar el 19 de septiembre, y donde coincidió con Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en la necesidad de contar con una legislación que favorezca la contratación de personas con discapacidad. 

Durante su intervención, el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE expuso ante los senadores la labor que se está llevando a cabo desde la ONCE, su Fundación y el grupo de empresas ILUNION.

“El nuevo marco jurídico nos debe dotar de las condiciones necesarias para que seamos capaces de crear empleo para 150.000 personas con discapacidad y, de esta forma alcanzar una tasa de actividad del 50 por ciento”, reiteró el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE.

Debate sobre la Ley de contratos del sector público

Además, y teniendo en cuenta que en la Cámara Alta se está debatiendo la ley de contratos del sector público, el representante de Fundación ONCE pidió también que se consolide la imposibilidad de concursar y de recibir subvenciones a las empresas que incumplan la cuota de reserva o las medidas alternativas, y reclamó “que se establezca una cuota de reserva en favor de los centros especiales de empleo de iniciativa social”.

Por otro lado, Alberto Durán considera que es necesario promover la participación de las entidades sociales en la prestación de servicios sociales para las personas con discapacidad, y apuesta por una educación inclusiva con medios, “puesto que es el mejor modelo para que el futuro sea mejor que el presente”. 

Reiteró que la discapacidad no debe tratarse desde una única administración, ya que “es una materia transversal que va desde la educación a las infraestructuras, pasando por la cooperación al desarrollo y el turismo”, entre otros ámbitos. “La accesibilidad en las infraestructuras de todo tipo es una cuestión de derechos pero también de competitividad, que hace que nuestros espacios sean más humanos y más atractivos”, recalcó Alberto Durán.

En cuanto al juego, Alberto Durán ve necesario proteger el juego público y responsable, frente al juego ilegal que utiliza la imagen de las personas con discapacidad y actúa al margen de la ley. Además, considera que “una vez superada la crisis económica”, se debería revisar la actual fiscalidad de este sector económico.

Web de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, del Senado de España