02/02/2017
El Tercer Sector español advierte que la atención a siete millones de personas puede quedar en un “limbo administrativo”
La Plataforma del Tercer Sector ha reunido a las principales entidades de acción social del país para analizar la última sentencia del Tribunal Constitucional con respecto a la convocatoria de subvenciones con cargo al IRPF, y acordar una posición de consenso que permita estudiar posibles vías de solución. La sentencia vuelve a dar la razón a la Generalitat catalana en la batalla que mantiene desde hace años para reclamar la gestión de dichas subvenciones, e impide al Ejecutivo central convocarlas, y tramitarlas.
La Plataforma, en nombre de dichas entidades, manifiesta que la atención a las personas en situación de exclusión social “no puede estar constantemente en peligro”, sin saber si los proyectos de los que dependen tendrán o no continuidad en el ejercicio siguiente. Los proyectos actualmente en marcha, y los más de siete millones de personas a los que se atiende por medio de ellos, “no pueden quedar en un limbo administrativo que impacte negativamente en una importante parte de la acción social española”.
“La desaparición de los fondos derivados del 0,7% de IRPF supondría una herida de muerte para el sector, que se vería abocado a reducciones drásticas de estructura”, advierten desde la Plataforma, por lo que reclaman “una apuesta clara y decidida por un sistema que ofrezca garantías de continuidad y estabilidad al Tercer Sector”, un nuevo sistema de distribución “de este ejercicio de democracia directa y solidaridad ciudadana que supone el que los contribuyentes destinen libremente el 0,7% de sus impuestos para apoyar a las personas que más lo necesitan”.
En este empeño, la Plataforma ha mantenido varias reuniones con el Gobierno, en las que le ha trasladado la necesidad de actuar con urgencia y adoptar medidas que garanticen la estabilidad del sector.
Reunión de la Comisión para el Diálogo Civil, el próximo 9 de febrero
Aunque se han constituido distintos grupos de trabajo para tratar el asunto, será en la reunión de la Comisión para el Diálogo Civil del próximo 9 de febrero donde se aborde la cuestión en profundidad y se planteen diferentes opciones.
Desde la Plataforma del Tercer Sector se respeta y acata la decisión del Tribunal Constitucional, pero se sigue defendiendo la pertinencia de un sistema que aproveche el potencial de las entidades sociales “para garantizar la solidaridad territorial y reequilibrar la atención social en nuestro país”, como han venido haciendo durante los más de 30 años de vigencia del modelo de reparto actual.
“El foco del sistema de reparto del 0,7% de IRPF debe ser la persona; atender a quien más lo necesita. Por ello, ofrecemos nuestra colaboración al Gobierno, al mismo tiempo que le pedimos compromiso y diligencia en la propuesta de medidas que garanticen la calidad y continuidad en la atención a las personas, que son nuestro único objetivo”, concluyen desde la Plataforma del Tercer Sector.
