26/01/2017
La Plataforma del Tercer Sector y la Taula del Tercer Sector Social de Cataluña defenderán conjuntamente mejoras en la Ley de Contratos del Sector Público
La Plataforma del Tercer Sector y la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya han mantenido una reunión en Barcelona en la que han elaborado un diagnóstico de la realidad social y del Tercer Sector, “en un intento de motivar acciones de coordinación que fortalezcan la cohesión del sector en la defensa de los derechos sociales de las personas, en particular de aquellas en situación de vulnerabilidad”, según han informado ambas entidades en un comunicado.
Las delegaciones, encabezadas por sus respectivos presidentes, Luciano Poyato y Oriol Illa, han expresado el deseo de sus órganos de gobierno de abrir nuevos espacios de diálogo y trabajo conjunto que contribuyan a acortar las diferencias y converger en aquellos temas que son de interés común.
Así, ambas organizaciones han acordado realizar una “Agenda Común”, en la que se identifiquen las principales preocupaciones del sector y se establezcan las bases para el inicio de la colaboración en estrategias de comunicación y defensa de posiciones coincidentes.
Entre otros aspectos, las entidades trabajarán conjuntamente para que el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público -actualmente en tramitación en el Congreso, y que transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas Europeas-, establezca una regulación diferenciada para los contratos referidos a los servicios sociales, así como cláusulas sociales en la contratación pública, que conviertan al conjunto de la contratación pública en un instrumento al servicio de la inclusión social.
El Tercer Sector ha hecho alegaciones en este sentido y trabaja con los distintos grupos parlamentarios para el reconocimiento de dichas cláusulas.
Reparto de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF
En los últimos años, la Plataforma del Tercer Sector y la Taula del Tercer Sector Social de Cataluña han mantenido importantes discrepancias en torno al modelo de reparto de las subvenciones a cuenta del 0,7% del IRPF. Precisamente esta misma semana, el Tribunal Constitucional, en una nueva sentencia ha vuelto a dar parcialmente la razón a la Generalitat en la batalla que mantiene desde hace años para reclamar la gestión de dichas subvenciones.
Entre otras, la sentencia reprocha al Ejecutivo central haber invadido las competencias autonómicas. La Taula del Tercer Sector ha instado al Estado a hacer caso de la nueva sentencia del Constitucional sobre la gestión del 0,7% del IRPF, “la décima que da la razón a la Generalitat en este tema”, según apuntan desde Barcelona.
La sentencia del Constitucional dice al Estado que puede señalar prioridades, criterios, requisitos y objetivos que orienten la concesión de las subvenciones sociales, pero siempre dejando un amplio margen a las comunidades autónomas para desarrollar y aplicar la normativa general. Por ello, el Ejecutivo central no puede convocar, resolver, ejecutar o tramitar las subvenciones, le recuerda el TC al Gobierno español.
La Taula del Tercer Sector Social de Cataluña ha venido reclamando el traspaso de la gestión del 0,7% del IRPF desde Cataluña, ya que considera que el sistema actual “es injusto, invade competencias de la Generalitat y perjudica a numerosas entidades catalanas, ya que mucho dinero que se aporta desde Cataluña no acaba revirtiendo en proyectos sociales de entidades sociales catalanas”.
Por un sistema de subvenciones “estable y fundamentado constitucionalmente”
Por su parte, la Plataforma estatal del Tercer Sector ha reclamado insistentemente un sistema de subvenciones “estable y fundamentado constitucionalmente”, que posibilite “la colaboración del Estado con las entidades de la sociedad civil organizada” para la asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad. Defienden el actual modelo de gestión de los fondos derivados del 0,7% del IRPF destinado a fines sociales, frente a algunas comunidades autónomas, que como la catalana, reclaman una gestión exclusiva de dichos fondos.
Según el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, el Estado “no puede prescindir de una herramienta de carácter transversal, de homogeneización y de solidaridad interterritorial como es el actual sistema de IRPF”.