22/12/2016
El investigador Juan Fernando Álvarez Rodríguez defiende su tesis sobre articulación de políticas públicas dirigidas a las cooperativas en Colombia
El investigador Juan Fernando Álvarez Rodríguez defendió el pasado 14 de diciembre en el Instituto Superior de Ciencias Sociales y Políticas (ISCSP) de la Universidad de Lisboa su tesis, titulada ‘Articulación de políticas públicas dirigidas a las cooperativas. Propuestas para el caso colombiano en el marco de la convivencia pacífica y la internacionalización’. La tesis, dirigida por el profesor Alfredo Jorge Alves Gomes de Sá, fue aprobada por unanimidad, de parte del tribunal formado por Manuel Augusto Meirinho Martins, presidente del ISCSP y presidente del tribunal de tesis; José Luis Monzón Campos (Universidad de Valencia), Luís Antero Reto (ISCTE Business Scholl de Lisboa), y António Jorge Pais Costa, José Adelino Eufrásio de Campos y Joaquim Manuel Croca, del ISCSP.
Según explica el autor en su tesis, en Colombia, la historia de las políticas públicas dirigidas a las cooperativas transcurrida entre 1931 y 2015 muestra multiplicidad de cambios institucionales en los organismos de fomento y supervisión coincidiendo con cada período gubernamental. También señala “la instrumentalización que se ha hecho de las cooperativas como medio de transferencia de responsabilidades estatales según las necesidades en cada período histórico”, habiéndose generado concurrencia, duplicidad y solapamiento entre medidas de fomento, supervisión y control.
En la actualidad se presenta en Colombia una coyuntura donde se busca articular la internacionalización de mercados, junto con la convivencia pacífica. Sin embargo, según Álvarez Rodríguez las necesidades de fomento en búsqueda de la convivencia pacífica “no encuentran correspondencia con las medidas de acompañamiento e internacionalización económica, que abogan por una asimilación de las cooperativas a empresas capitalistas y a sus instrumentos de evaluación”.
Optimizar condiciones para generar incentivos al cooperativismo
El investigador afirma, no obstante, que es posible articular las políticas públicas dirigidas al cooperativismo “con el fin de optimizar sus condiciones para generar incentivos a la cooperación, democracia y cohesión social”. Las políticas de fomento incluyen medidas de promoción, protección y fortalecimiento al desarrollo en al menos tres tipos de territorios, según las condiciones geopolíticas del conflicto colombiano: territorios con alta vulnerabilidad cívica, territorios en proceso de postconflicto y territorios en vías de consolidación cívica.
Como instrumento de articulación de políticas públicas se propone “reducir las disonancias cognitivas” a partir de la institucionalización del concepto de economía social y solidaria e identificando las principales peculiaridades de las cooperativas.
Por último, como mecanismo de reconocimiento explícito y monitoreo se propone el concepto de “vida asociativa”, caracterizado por la constatación de actividades socioeconómicas en apego a la especificidad cooperativa y la evidencia de transferencias hacia los asociados que satisfacen sus necesidades en el marco del acto cooperativo. Asimismo, se propone la co-construcción de un modelo de reporte de balance social que sirva de instrumento para la evaluación, supervisión y promoción de la acción cooperativa en los territorios.
