15/12/2016
El CERMI lamenta que España no haya estado “a la altura del proyecto ambicioso” de la Convención sobre Discapacidad de la ONU
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en el marco de la celebración de los primeros 10 años de la aprobación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha lamentado que España no haya estado “a la altura del proyecto ambicioso” que supone este tratado, al igual que, en su opinión, ha sucedido en otros muchos países.
En estos términos se manifestó el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, durante la presentación en la sede de la agencia Servimedia del libro ‘La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad - 2006/2016: una década de vigencia’, dirigido por él mismo y Rafael de Lorenzo, secretario general del Consejo General de la ONCE, con la coordinación técnica de Beatriz de Miguel, de la Fundación Derecho y Discapacidad.
“Quizá en diez años es imposible que se hubieran alcanzado todos los mandatos de la Convención, pero sí podemos decir, con una cierta paciencia histórica, que los Estados, y entre ellos España, no han estado a la altura del proyecto ambicioso de la Convención”, insistió el presidente del CERMI, que si bien reconoció que “la crisis económica ha sido un factor que desde luego no ha ayudado”, la mayoría de aspectos que había que cumplir no dependían de un mayor gasto, “sino de un mayor compromiso y voluntad política para cambiar aspectos inasumibles”.
En este punto, explicó que en España el principal elemento de incumplimiento es que no se haya modificado la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para garantizar el derecho al voto a casi 100.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo, que no lo tienen reconocido actualmente. “Lo del derecho de sufragio produce a veces un sentimiento de estafa”, afirmó Pérez Bueno, argumentando que, por ejemplo, sí se ha logrado recientemente alcanzar un acuerdo para modificar la LOREG para evitar que si se repetían las elecciones no hubiera que votar el día de Navidad.
En el “memorial de agravios”, el máximo representante del CERMI resaltó también la “gravedad” que tiene el hecho de que pese a los avances no se hayan prohibido por completo las esterilizaciones forzosas que sufren fundamentalmente mujeres y niñas con discapacidad. “Se interviene sobre el cuerpo de una persona sin su consentimiento, que es sustituido por el de un juez y se priva de la posibilidad de tener descendencia, impidiendo que pueda reproducirse. No deja de ser una mutilación de una función corporal”, agregó.
La privación de libertad que todavía sufren algunas personas por razón de discapacidad; que sigan existiendo 40.000 menores con discapacidad que estudian en centros segregados y no en un único sistema de educación inclusiva; la falta de promoción de la figura del asistente personal en detrimento de soluciones residenciales; la ausencia de accesibilidad universal en muchos bienes, servicios e infraestructuras de todo el país, y la elevada prevalencia de la violencia machista contra las mujeres con discapacidad con respecto al resto de la población femenina, son algunos de los elementos por los que todavía no se cumple en España la Convención de la ONU, según enumeró Pérez Bueno.
El hecho de mayor calado político-jurídico a nivel internacional
En todo caso, el presidente del CERMI hizo hincapié en la importancia que ha tenido la aprobación de este tratado de la ONU, que calificó como “el hecho de mayor calado político-jurídico para las personas con discapacidad a nivel internacional”, y alabó que España fuera uno de los primeros Estados que lo ratificó y el segundo en ser examinado sobre su grado de aplicación (2011). En este sentido, recordó que en 2017 España volverá a ser analizada, con el fin de verificar si se han puesto en marcha las recomendaciones que recibió en 2011, “y tristemente en estos cinco años, el año que viene serán seis, gran parte de lo que había que cambiar sigue sin modificarse”.
El libro publicado con motivo del décimo aniversario de la Convención de la ONU ha sido una de las acciones llevadas a cabo durante este año para poner en valor e impulsar la visibilidad de este tratado. La obra consta de una decena de capítulos, cada uno escrito por una persona experta en materia de derecho y discapacidad, en los que se abordan temas como el de género y discapacidad, la Convención como marco de interpretación de los derechos fundamentales de la Constitución Española o las asignaturas pendientes por parte de España para cumplir el tratado.
