15/09/2016

Plena Inclusión presenta el Estudio ‘Tercer Sector y Provisión de Servicios’

La sede del Parlamento Europeo en Madrid acogió este miércoles, 14 de septiembre, la presentación del estudio: ‘Tercer Sector y Provisión de Servicios. Prácticas europeas y lecciones para España’, realizado para Plena Inclusión, la organización que representa en España a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. La investigación presenta modelos de relación entre la administración pública y las entidades no gubernamentales, en la provisión de servicios que están funcionando de modo satisfactorio en otros países de la Unión Europea.

El documento, presentado por sus autores, José Manuel Fresno y Cornelia Rauchberger, también da a conocer los cambios normativos recientes, tanto en el plano de la Unión Europea como en el ámbito estatal, y las consecuencias que pueden tener en la gestión de los Servicios Sociales.

Junto a ello, también propone posibles medidas y acciones para reforzar el diálogo y mejorar las condiciones en las que el Tercer Sector puede participar en la prestación de Servicios públicos.

El acto de presentación contó con la colaboración de la Fundación ONCE y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (Secretaría de Estado para la Unión Europea), y con la presencia de los principales actores del Tercer Sector de acción social, representado por el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato; el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, y el consejero del Comité Económico y Social Europeo (en representación de CEPES) y director de Relaciones Sociales e Internacionales, y Planes Estratégicos de la Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna.

Luciano Poyato destacó la importancia de este estudio para todo el Tercer Sector y cómo Plena inclusión ha sido pionero y nada endogámico porque este análisis “nos interesa a todos”.

La trasposición de la Directiva Europea de Contratación Pública, aún pendiente

Por su parte, Miguel Ángel Cabra de Luna abogó por que España construya un sistema normativo más garantista en cuanto a la preservación de los derechos de las personas, cuando reforme la legislación relativa a la contratación pública de servicios sociales, tales como los relacionados con el cuidado de ciudadanos dependientes o con discapacidad.

Reclamó que la contratación pública tenga en cuenta los aspectos sociales “en favor de la protección del empleo y de las condiciones laborales, así como en favor de las personas con discapacidad y de otros colectivos desfavorecidos”. 

Las nuevas directivas, añadió, que España tendría que haber trasladado a su ordenamiento jurídico como muy tarde el pasado mes de abril, están orientadas en este sentido, “aunque la prueba del algodón vendrá en su aplicación efectiva”, ya que “dejan bastante margen de contratación” a Estados y autoridades.

Ver vídeo del acto de presentación del Estudio

Descarga en PDF del estudio ‘Tercer Sector y provisión de servicios’