07/07/2016

La Plataforma del Tercer Sector firmará un convenio con el CGPJ para impulsar un mayor acercamiento de la justicia a los más vulnerables

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado este jueves, 7 de julio, la firma de un convenio marco de colaboración entre esta institución y la Plataforma del Tercer Sector (PTS), con el objetivo de promover la divulgación de la realidad y los problemas sociales entre jueces y magistrados y en la Escuela Judicial, e impulsar el acercamiento de las organizaciones sociales al Poder Judicial y su funcionamiento.

Para la PTS, se trata de un paso muy positivo para poder mejorar la interlocución entre esta entidad y la justicia, con el fin de impulsar una mayor sensibilización sobre la situación de las personas más vulnerables de nuestro país.

El texto del convenio, que será firmado próximamente por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y por el presidente de la PTS, Luciano Poyato, señala que ambas instituciones “defienden bajo diferentes modalidades causas humanitarias y sociales, prestando especial atención y cuidado a aquellos ciudadanos que se encuentran más desprotegidos”.

La colaboración entre el órgano de gobierno de los jueces y las organizaciones sociales agrupadas en la Plataforma pretende el establecimiento de una estrategia institucional común; contribuir al conocimiento de ambas partes; organizar cursos, jornadas y seminarios que sean de interés común; fomentar el intercambio recíproco de información sobre temas de investigación; la elaboración de libros, publicaciones e informes, y promover el debate e intercambio de experiencias.

Especial sensibilidad hacia los colectivos más vulnerables

Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados del pasado 29 de abril, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ destacó la especial sensibilidad del Consejo y de los jueces hacia los colectivos más vulnerables de la sociedad, como las víctimas de la violencia de género, las personas con discapacidad o las más afectadas por la crisis económica.

“El órgano de gobierno de los jueces no debe perder de vista la vertiente social que está en la esencia de toda actividad pública. La igualdad y la defensa de los derechos de las personas más vulnerables ha de ser también parte importante de nuestra actividad”, señaló Lesmes.