17/12/2015

Diálogo social, eliminar barreras para emprender, cláusulas sociales en la contratación pública y ley de pagos, algunas de las demandas de la economía social para el próximo Gobierno

El próximo día 20 de diciembre los españoles estamos llamados a las urnas en las que, según parece, serán unas de las elecciones más competidas de la historia democrática de este país. De cara al nuevo Gobierno que vaya a formarse, las organizaciones representativas de la economía social han formulado una serie de propuestas, que durante estos últimos meses han trasladado a los distintos candidatos políticos y a la sociedad.

Así, la máxima organización empresarial representativa, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), ha reclamado a las fuerzas políticas que la Economía Social se convierta en una prioridad para el próximo Gobierno de España. El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, ha afirmado que los partidos políticos “tienen que atender la demanda de la sociedad de apostar por otro modelo empresarial, más participativo, que cree empleo, fomente la innovación, el desarrollo local y la cohesión social, y en el que primen las personas por encima del capital y los beneficios se redistribuyan, características todas ellas que conforman el ADN de la Economía Social”.

CEPES presentó un documento de cinco grandes propuestas, que se resumen en participación en el diálogo social, economía social como prioridad política, el establecimiento de cláusulas sociales en la contratación pública, la eliminación de barreras para emprender y la aprobación de una Ley de pagos.

Con propuestas muy parecidas ha presentado también la Confederación de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA) su documento dirigido a las formaciones políticas. A las medidas anteriores añade la demanda de un cambio de modelo productivo y la mejora de la educación, a través de las cooperativas de enseñanza.

Por su parte, desde Cooperativas Agroalimentarias de España se piden medidas muy concretas, tales como una apuesta decidida por la concentración de la oferta y la integración cooperativa; el apoyo a las cooperativas en sus procesos de internacionalización y de inversión, para que el valor añadido se quede en el eslabón productor y en el medio rural; la defensa de la PAC, que fomente la competitividad de las cooperativas y prevea instrumentos de regulación de los mercados; fomentar políticas de apoyo a la I+D+i; el apoyo a la igualdad de oportunidades en los órganos de toma de decisiones, o el mantenimiento del IVA super-reducido para los alimentos básicos.

El Tercer Sector reclama una reforma constitucional

Desde el lado del Tercer Sector de Acción Social, su presidente, Luciano Poyato, presentó un Decálogo de propuestas electorales, entre las que se incluye “una reforma constitucional, que reconozca los derechos económicos, sociales y culturales como fundamentales; reconozca el papel del Tercer Sector y garantice el equilibrio en la atención social”. El presidente de la Plataforma del Tercer Sector señala que las prestaciones sociales “tienen que ser equitativas en todas las Comunidades Autónomas”, por lo que desde la Plataforma se propone la reforma del Título Octavo de la Constitución, para el establecimiento de “competencias de naturaleza compartida” en materia de asistencia social de Estado y Comunidades Autónomas.

La propuesta de reforma incluye, además, el reconocimiento expreso del papel de la sociedad civil organizada, a través del Tercer Sector, como "interlocutor necesario" que garantice el "diálogo" para “tener un papel de complementariedad" en el disfrute real y efectivo de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Por último, desde la Asociación Española de Fundaciones (AEF) se piden dos grandes medidas: “continuar con el aumento y la mejora de los incentivos al mecenazgo y hacer del protectorado único de fundaciones de ámbito estatal un referente profesional y de calidad, elevando su rango administrativo y atribuyéndolo a un departamento ministerial con competencias transversales”.

Con estas propuestas, la AEF pretende, por un lado, estimular la participación ciudadana y la sostenibilidad e independencia del Tercer Sector, y por otro lado, hacer efectivo un marco regulador único para las fundaciones de competencia estatal, coadyuvando a mejorar el gobierno, la transparencia y la gestión de las fundaciones.