Actualidad del Observatorio Español de la Economía Social

26/11/2015

Los partidos políticos prometen en un debate en Servimedia medidas fiscales y económicas para impulsar la economía social

Actualizar el régimen fiscal de las cooperativas, establecer incentivos específicos para entidades de la economía social o habilitar líneas preferentes de crédito son algunas de las medidas que los principales partidos políticos de implantación nacional plantearán en sus programas electorales de cara al próximo 20-D para impulsar la Economía Social.

Así lo plantearon al menos en el Foro Servimedia Comunicación '20D: propuestas políticas para la economía social' que reunió este jueves, 26 de noviembre, en la sede de Servimedia a los portavoces en materia de Economía Social de PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, Unidad Popular y UPyD para conocer sus propuestas electorales para este colectivo.

La representante del PP, Carolina España, puso en valor las medidas adoptadas por el Gobierno durante los últimos cuatro años, entre las que destacó el acceso a bonificaciones para que las cooperativas puedan contratar a trabajadores jóvenes o para que las empresas de inserción incorporen a personas en riesgo de exclusión, y abogó por desarrollar el Programa de Fomento e Impulso de la Economía Social, recientemente aprobado por el Ministerio de Empleo, con diferentes medidas de apoyo para impulsar la internacionalización de las entidades de la economía social o para fomentar su innovación.

Por su parte, Reyes Maroto, del PSOE, avanzó que el programa electoral de su partido de cara al 20-D incluirá la revisión de la Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, que data de 1990, y planteará diferentes medidas para dispensar un trato fiscal más favorable a las entidades de la Economía Social. Un paquete fiscal que vendrá acompañado, según detalló Maroto, de la modificación de la Ley de Contratos Públicos para reforzar las cláusulas sociales y que "los concursos públicos no dejen fuera a las entidades de la Economía Social, como sucede en no pocas ocasiones en la actualidad".

La fiscalidad será también la herramienta que planteará UPyD para estimular la actividad de las entidades de la Economía Social, aunque con un enfoque distinto, según señaló Rafael Calduch, "estableciendo un tipo fiscal privilegiado en el Impuesto de Sociedades, que premie el arraigo en el territorio y la no deslocalización de la actividad". Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, apostó igualmente por actuar en el Impuesto de Sociedades, para mejorar el trato fiscal que reciben estas entidades.

Segundo González, portavoz de Podemos, reafirmó la apuesta decidida de su formación por la Economía Social como segmento que encarna principios como la primacía de la persona sobre el capital y señaló, como medida más significativa, un decreto para agilizar la transformación de empresas en crisis en cooperativas, dando a los antiguos trabajadores de la empresa la oportunidad de capitalizar su paro para hacerse con el control de la misma.

La representante de Unidad Popular, Leire Olmeda, subrayó la "democratización de la economía" que supone el modelo empresarial de la Economía Social, y señaló que su formación incluirá en el programa medidas como privilegiar la realización de contratos de colaboración público-privada con entidades de este ámbito y que también tengan acceso preferente a la financiación pública.

Participación de CEPES

El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, recordó que la Economía Social es un sector con más de 40.000 empresas, que genera un volumen de actividad de en torno al 10% del PIB. Datos que, subrayó, “enmarcan una realidad económica con una importancia creciente, y que está presente en todos los sectores de actividad”. Es por ello que la Economía Social “debería tener un peso mayor en la realidad institucional española”, recalcó Pedreño.

Los representantes políticos recogieron el guante lanzado por el presidente de CEPES y se comprometieron a incrementar la participación institucional de la Economía Social. Al respecto, la portavoz popular, Carolina España, aseguró que las entidades de la Economía Social "se merecen una Secretaría de Estado", idea que fue bien acogida por Podemos, que se comprometió también a abrir las puertas del diálogo social a los representantes de la Economía Social.

También el Partido Socialista aceptó el argumento de la necesidad de una mayor representación institucional para la Economía Social, y se comprometió a reunir el Consejo Estatal de Fomento de la Economía Social, creado en la última legislatura socialista, de la mano de la Ley 5/2011, de Economía Social.

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