26/11/2015
La Comisión de Empleo del Parlamento Vasco celebra una sesión sobre Economía Social con la participación de GEZKI, el Observatorio OVES/GEEB y Deusto
La Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Parlamento Vasco invitó este miércoles, 25 de noviembre, a representantes del Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social (GEZKI por sus siglas en euskera), del Observatorio Vasco de Economía Social (OVES/GEEB) y del Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad de Deusto para que dieran su visión sobre la situación de la economía social en Euskadi y su opinión sobre las necesidades normativas que ésta tiene, según petición formulada por el parlamentario Carmelo Barrio Baroja, miembro del grupo Popular Vasco.
La sesión se inició con las comparecencias del director de GEZKI, Aitor Bengoetxea, y la profesora Itziar Villafáñez, experta de GEZKI en Derecho Cooperativo, quienes hablaron fundamentalmente del anteproyecto de reforma de la Ley de Cooperativas de Euskadi, a partir de un informe elaborado por las tres universidades vascas.
A continuación comparecieron el director del OVES/GEEB y presidente de CIRIEC-España, José Mª Pérez De Uralde, y el profesor Ignacio Bretos, que explicaron la actividad del observatorio vasco en el último año, y en particular los resultados de los dos últimos informes elaborados, uno sobre la situación de la economía social vasca en 2014 (informe a punto de finalizarse), y el segundo sobre el comportamiento del sector durante la crisis económica, entre 2009 y 2013.
Necesidades normativas
Desde el OVES/GEEB se insistió también en las necesidades normativas actuales del sector en Euskadi, entre ellas el desarrollo a nivel autonómico de la Ley 5/2011 de Economía Social, incluyendo la creación de un Consejo Vasco de Fomento de la Economía Social, un catálogo oficial y público de entidades, y las bases para la elaboración de información estadística. También hablaron de la aprobación de una fiscalidad específica para el sector, y de una nueva normativa sobre contratación pública y economía social.
Por último compareció Francisco Javier Arrieta Idiáquez, del Instituto de Estudios Cooperativos de la Universidad de Deusto, que también se refirió a la Ley 5/2011 de Economía Social, señalando que apenas ha sido aplicada tanto a nivel del Estado español como a lo que a las comunidades autónomas se refiere. Dicha Ley mandata la elaboración de políticas públicas, catálogos y registros estadísticos de actualización periódica, en relación con la actividad de la economía social.