16/07/2015

El Gobierno y la Plataforma del Tercer Sector trabajan en una solución para salvar a las ONG

La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha afirmado que el Gobierno y las entidades del Tercer Sector están trabajando en una "solución provisional" que permita salvar la financiación pública de las organizaciones no gubernamentales, amenazada por la sentencia del Tribunal Supremo que declara nulo el decreto que regula la concesión de ayudas a ONG de ámbito estatal.

En concreto, dicha sentencia del Supremo anula el real decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector de ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

Camarero confesó “no entender la decisión del Gobierno catalán de llevar este asunto a los tribunales” y poner así "en riesgo" la calidad de vida de muchas personas, que se benefician de estas ayudas. La secretaria de Estado reconoció que el Ejecutivo, como el Tercer Sector, está "muy preocupado" por el contenido de la sentencia, que no obstante va a cumplir.

Al tiempo, prosiguió la representante del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, "estamos trabajando" para encontrar una solución "que no está terminada de cerrar", con el fin de salvar, al menos, los 12 millones de euros destinados a pagar los gastos corrientes de las entidades y a permitir su supervivencia.

En busca de una solución armonizada

Por su parte, la Plataforma del Tercer sector, ha lamentado “profundamente” este fallo del TS, que “supondrá un gravísimo perjuicio para las cerca de 30.000 entidades que conforman el Tercer Sector”, según ha afirmado su presidente, Luciano Poyato.

Poyato se ha mostrado “muy preocupado por este fallo”, contra el que no cabe recurso, que “condiciona al sector y requiere de una acción inmediata” por parte del mismo, ya que no hay que olvidar que casi el 90% de las entidades que lo conforman dependen directamente de estas subvenciones.

La Plataforma desea buscar con el Gobierno y grupos políticos una solución armonizada y coherente para un sector “que se enfrenta a un gran dilema tras el fallo del Tribunal Supremo”, y que es “fundamental para la cohesión social y atención a las personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión”.