30/04/2015
El Gobierno aprueba nuevas medidas de fomento de la Economía Social
El Consejo de Ministros del pasado 24 de abril remitió al Consejo Económico y Social el Anteproyecto de Ley de fomento y promoción del trabajo autónomo y la economía social, una norma que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha enmarcado en el que "sigue siendo el objetivo fundamental" del Ejecutivo: mejorar la creación de empleo y su calidad.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha señalado que el proyecto cuenta con el consenso de las organizaciones de autónomos y de la economía social y que el Ejecutivo ha tenido desde el principio "en su hoja de ruta" a estos colectivos como "protagonistas de la salida de la crisis y el inicio de la recuperación".
En el ámbito de la Economía Social, el texto introduce actuaciones para facilitar la incorporación de nuevos socios a este tipo de entidades, apoyar y fortalecer a las distintas entidades que la componen, y facilitar a los trabajadores que tienen mayores dificultades de inserción su incorporación al mercado laboral.
En la actualidad, en España las cooperativas y sociedades laborales dan empleo directo a casi 335.000 personas, mientras que los Centros Especiales de Empleo y las Empresas de Inserción emplean a más de 75.000 trabajadores, a los que hay que sumar los del resto de las fórmulas de la Economía Social como las fundaciones, las asociaciones, las mutualidades o las cofradías de pescadores. Se trata, además, de un empleo estable que ha demostrado mayor fortaleza en términos de afiliación a la Seguridad Social que el resto de empresas durante los años de la crisis. Así, entre el cuarto trimestre de 2007 y el cuarto trimestre de 2013 la destrucción de empleo en las cooperativas fue casi seis puntos inferior en términos de afiliación a la Seguridad Social al del resto de las empresas, según los datos aportados por la propia ministra.
Medidas para facilitar la incorporación de nuevos socios
Con el objetivo de facilitar la incorporación de nuevos socios a las entidades que forman parte de la Economía Social, la nueva Ley amplía las bonificaciones previstas. En concreto, se crea una bonificación de 800 euros/año a lo largo de tres años (2.440 euros) para las personas que se incorporen como socios trabajadores o de trabajo a cooperativas o sociedades laborales. En el caso de menores de 30 años (o 35 con el grado de discapacidad), se eleva la cuantía a 1.650 euros durante el primer año.
La nueva Ley pretende, igualmente, apoyar a los trabajadores con mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral. Para ello, el texto mantiene las bonificaciones a favor de las empresas de inserción, cuando contraten personas en situación de exclusión social, por una cuantía de 850 euros al año, durante un máximo de tres años o de 1.650 para los supuestos de menores de 30 años o de 35 en el caso de personas con una discapacidad reconocida del 33 por 100.
Además, y con el objetivo de facilitar la transición de los trabajadores desde las empresas de inserción a la empresa ordinaria, se amplía la bonificación existente en las cuotas empresariales por la contratación de dichos trabajadores. De este modo, en el caso de que una empresa ordinaria contrate a un trabajador procedente de una empresa de inserción, podrá beneficiarse de bonificaciones en sus cotizaciones sociales durante cuatro años: 1.650 euros durante el primer año y 600 euros cada año durante los tres siguientes si la contratación es de tipo indefinido, o 1.650 euros durante el primer año y 500 euros los siguientes si se trata de una contratación temporal.
Reservas de mercado
Se reconoce a los centros especiales de empleo, a las empresas de inserción, a las cooperativas y a las sociedades laborales como entidades prestadoras de servicios de interés económico general. Ello hará posible que las subvenciones concedidas a estas entidades puedan alcanzar los 500.000 euros en un período de tres años, mientras que hasta ahora el máximo es de 200.000 euros en el mismo periodo.
Asimismo, se amplían las reservas de participación previstas en los procesos públicos de licitación. De esta manera, se introducirá la participación de las empresas de inserción en los procedimientos de adjudicación de contratos con reserva de participación en el sector público (reserva de mercado), algo que hasta ahhora se limitaba a los centros especiales de empleo.
Igualmente, se establece que, mediante acuerdo del Consejo de Ministros o a través del órgano competente en el ámbito de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a centros especiales de empleo y a empresas de inserción.
Por último, se recogen en la Ley de Economía Social otros incentivos ya previstos, como la capitalización de la prestación por desempleo para que sirva de aportación al capital social de una cooperativa o sociedad laboral.
