23/04/2015

El Gobierno prepara un nuevo paquete de medidas de apoyo al emprendimiento y la economía social

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, se reunieron el pasado jueves, 16 de abril, con los representantes de las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos y de la Economía Social para presentarles las nuevas medidas que prepara el Gobierno en apoyo a estos colectivos, y que se aprobarán este viernes, 24 de abril, en Consejo de Ministros.

A la reunión asistieron la vicepresidenta de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Arantza Laskurain; el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor; el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Sebastián Reyna; el presidente de la Federación Española de Autónomos (CEAT), Pedro Barato; la secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), María José Landáburu, y el presidente de la Federación de Organizaciones de Profesionales (FOPAE), Camilo Abietar.

En el transcurso de la reunión, Fátima Báñez anunció que el Consejo de Ministros aprobará un anteproyecto de Ley de promoción del Trabajo Autónomo y de la Economía Social, un texto que ordena y sistematiza -en el marco del Estatuto de Trabajo Autónomo y de la Ley de Economía Social- todos los incentivos en el ámbito de Empleo y Seguridad Social previstos para dichos sectores, para proporcionar así una mayor transparencia y seguridad jurídica.

Más incentivos para la economía social

El anteproyecto de Ley incluye medidas para facilitar la incorporación de nuevos socios a las entidades de la Economía Social. Para ello, se amplían las bonificaciones que existían para los jóvenes y crea una nueva para mayores de 30 años. Asimismo, se reconoce a los Centros Especiales de Empleo, a las Empresas de Inserción, a las cooperativas y a las sociedades laborales, como entidades prestadoras de servicios de interés económico general.

Se introduce la participación de las empresas de inserción en los procedimientos de adjudicación de contratos con reserva de participación en el sector público (reserva de mercado), algo que hasta ahora se limitaba a los Centros Especiales de Empleo.

Y, por último, el texto incluye actuaciones para favorecer la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión. Para ello, y con el objetivo de facilitar la transición de los trabajadores desde las empresas de inserción a la empresa ordinaria, se amplía la bonificación existente en las cuotas empresariales por la contratación de dichos trabajadores.

Nueva Ley de Sociedades Laborales y Participadas

Fátima Báñez anunció también que el Gobierno ultima una nueva Ley de Sociedades Laborales y Participadas, que sustituye a la anterior, de 1997, con el objeto de “clarificar, actualizar y sistematizar la normativa relativa a este tipo de sociedades para adaptarlas a la nueva realidad económica actual”.

Así, el texto define las sociedades laborales como aquellas entidades mercantiles en las que, al menos, el 50 por ciento de los trabajadores deben ser socios que deben poseer, al menos, el 50 por ciento del capital social y el 50 por ciento del derecho a voto. Además, regula por primera vez a la empresa participada, que serán aquellas sociedades anónimas o de responsabilidad limitada que, no alcanzando lo establecido en los requisitos anteriores, promuevan la participación de los trabajadores.

Por otro lado se incluyen diversas medidas para facilitará su creación, a través de la simplificación de requisitos, la reducción de cargas administrativas y coordinación de registros.

Además, la reforma refuerza el objetivo de promover el acceso de los trabajadores a la condición de socio, mejorando el actual régimen legal, a través de una serie de medidas que incrementan las posibilidades de adquisición de acciones y participaciones por los trabajadores no socios.

También se otorga a los trabajadores un mayor protagonismo en la toma de decisiones, se incorporan principios de buen gobierno corporativo, y se establece su equiparación con los trabajadores por cuenta ajena a los efectos de los incentivos establecidos para la consolidación y creación de empleo.

La aprobación de esta Ley ha sido largamente esperada por el sector de las sociedades laborales.