25/02/2015

Expertos advierten de la escasa eficacia de las leyes de protección a la discapacidad en España

España puede presumir de tener uno de los marcos jurídicos más avanzados en materia de protección de las personas con discapacidad, pero la efectividad de este entramado legal corre serio riesgo de diluirse si no se fomenta una conciencia social y no se demuestra una voluntad decidida por parte de la Administración para exigir su cumplimiento.

Ésta es una de las principales conclusiones que se han alcanzado en la Mesa de Debate ‘La protección jurídica de las personas con discapacidad’, organizada el pasado 24 de febrero por la Fundación ONCE en la sede de Servimedia, en Madrid.

En el encuentro participaron el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Ignacio Tremiño; el director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna; el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno; la directora de la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado, Almudena Castro-Girona, y Clara Garrido, letrada del Congreso de los Diputados.

Miguel Ángel Cabra de Luna advirtió desde el inicio de la jornada: “Lo que se publica en el BOE no se aplicará de manera efectiva mientras la Administración y la sociedad no se impliquen en su cumplimiento”.

En el mismo sentido, Almudena Castro-Girona, incidió en la importancia de contar con “un sistema de infracciones y sanciones que se aplique” para favorecer la concienciación social en asuntos como la accesibilidad universal.

En opinión de Clara Garrido, la primera letrada invidente del Congreso de los Diputados, conseguir ese cumplimiento es un trabajo de todos, de la Administración, pero también de las propias personas con discapacidad. “Ninguno de los artículos de la Constitución que reconoce derechos fundamentales excluye a las personas con discapacidad, luego es en la vida real donde sí se percibe esa exclusión y esa mayor dificultad para ejercer esos derechos. Por ello, es necesario convencer a las personas con discapacidad de que no solo tienen la posibilidad sino la obligación de ejercerlos”.

Por su parte, Luis Cayo Pérez Bueno añadió: “Ninguna ley, ningún fiscal, ningún operador jurídico va a estar más interesado en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad que las propias personas con discapacidad. Debemos aspirar al mejor marco jurídico y a que éste sea efectivo, pero a partir de ahí son las personas con discapacidad las que día a día tienen que mostrar tolerancia cero con la exclusión y la discriminación, y utilizar todos los mecanismos que les da el Estado de derecho para evitarla”.

El papel de la Administración

El director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Ignacio Tremiño, admitió que aún queda camino por recorrer en el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas con discapacidad, pero recordó también que España es uno de los países punteros en el mundo en este ámbito y que el actual Gobierno ha incorporado el fenómeno de la discapacidad a prácticamente todas sus iniciativas políticas.

“Desde hace tres años, toda la producción normativa del Ejecutivo ha tenido en cuenta la singularidad de las personas con discapacidad con medidas de acción positiva en su favor”, afirmó, poniendo como ejemplo la aprobación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad “que ha marcado un antes y un después en la protección de los derechos del colectivo y ha ayudado a aumentar su seguridad jurídica”.

Crisis y protección de la discapacidad

¿Ha afectado la crisis a la protección de los derechos de las personas con discapacidad? Para los expertos presentes en la Mesa de Debate la respuesta sólo puede ser afirmativa. “No sólo ha ocurrido en España, pero durante la crisis se ha duplicado el número de personas con discapacidad en riesgo de pobreza severa y exclusión social”, señaló Miguel Ángel Cabra de Luna. “Se da aquí un círculo perverso. La discapacidad eleva las posibilidades de caer en la pobreza y la pobreza eleva el riesgo de sufrir algún tipo de discapacidad”.

Cabra de Luna aseguró que hay numerosos indicadores objetivos que demuestran la existencia de este círculo perverso y que acreditan la necesidad de realizar mayores esfuerzos para mejorar la situación económica de las personas con discapacidad y sus hogares.

En este sentido, Pérez Bueno recalcó que la crisis o los ajustes presupuestarios “no pueden ser una coartada para no hacer nada, porque hay muchos derechos que reivindicamos cuyo reconocimiento no implicaría mayor coste presupuestario e incluso generaría ahorros”.

El estado de desarrollo de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia también surgió también en el debate. Para Miguel Ángel Cabra de Luna los recortes han limitado tanto sus disponibilidades presupuestarias que se encuentra en la UVI, mientras que para Luis Cayo Pérez Bueno aún hay tiempo para revitalizarla “si hay voluntad política y se le dota de una mayor asignación presupuestaria”.