29/01/2015
El Gobierno aprueba los anteproyectos de Ley del Tercer Sector de Acción Social y de Ley del Voluntariado
El Consejo de Ministros del pasado viernes, 23 de enero, dio luz verde a los anteproyectos de Ley de Voluntariado y Ley del Tercer Sector de Acción Social. En palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con dichas normas “se pretende modernizar y reforzar la acción solidaria española y el compromiso con la igualdad y con la justicia social”.
En su comparecencia tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta destacó que en España hay seis millones de voluntarios y 30.000 entidades sociales. Con las nuevas normas, según la vicepresidenta “se refuerzan los derechos y deberes de los voluntarios y el papel de estas organizaciones en el diseño y la ejecución de las políticas destinadas a los colectivos más vulnerables".
Por su parte, el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, aseguró que ambas leyes son fruto del esfuerzo de diálogo y de consenso con los sectores implicados y forman parte de "una acción de Gobierno que está destinada a fortalecer las estructuras básicas de la protección social en España".
Solidaridad y participación
La Ley del Tercer Sector de Acción Social, explicó Sáenz de Santamaría, pretende favorecer y reforzar la capacidad de interlocución con las administraciones públicas de estas entidades de carácter privado, sin ánimo de lucro y surgidas de la iniciativa ciudadana o social, que buscan objetivos de interés general a través de la solidaridad y la participación. Gracias a este marco normativo, según dijo, las organizaciones sociales podrán participar en la elaboración y en el seguimiento de las políticas orientadas a la lucha contra la pobreza y la exclusión.
Alfonso Alonso remarcó que estas entidades, que según sus cifras emplean a 635.000 personas y atienden a más de cinco millones de españoles, "por primera vez van a tener un régimen jurídico específico en una ley a nivel nacional".
La norma establece los cauces de participación del Tercer Sector en las políticas públicas de acción social, compromete al Gobierno a aprobar en doce meses desde su entrada en vigor un programa de impulso de esas entidades y equipara las obligaciones de pago de las administraciones a las existentes con otros proveedores. El titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad expresó su deseo de que en la tramitación parlamentaria el texto pueda enriquecerse a través del diálogo con el resto de las fuerzas políticas y se apruebe "lo antes posible" en las Cortes.
Descargar presentación de la Ley del Tercer Sector
Nueva Ley de Voluntariado
La Ley de Voluntariado unifica una normativa muy dispersa sobre la materia y actualiza la norma vigente, que es de 1996, según indicó la vicepresidenta del Gobierno.
Alfonso Alonso explicó que más del 40% de los voluntarios en España son menores de 34 años, lo que muestra el "capital de compromiso" de los jóvenes españoles, aunque la acción voluntaria también está aumentando entre los mayores de 65 años. La nueva ley, destacó, define el voluntariado -que ha de ser libre y gratuito y no puede sustituir al trabajo remunerado-, lo distingue de otras formas de participación civil como los partidos políticos y los sindicatos, y establece los derechos y los deberes de los voluntarios y de las personas destinatarias, lo que redundará en una mayor protección jurídica.
El texto regula un elemento clave para la relación entre el voluntario y la entidad con la que colabora: el acuerdo de incorporación, "que viene a ser el contrato entre la persona que va a prestar su tiempo y la entidad que ha diseñado un proyecto y un programa concreto con un objetivo al servicio del interés general", según el titular de Sanidad.
En el caso de las administraciones públicas, no podrán fomentar iniciativas que reemplacen los servicios públicos que están obligadas a prestar, y facilitarán la adaptación de la jornada laboral a sus empleados para el ejercicio de la acción voluntaria.
Entre las novedades de la ley, Alfonso Alonso mencionó también el impulso a la participación de las empresas y las universidades en iniciativas de voluntariado y el fomento de la acción voluntaria en los menores de edad, con las debidas garantías.
