25/09/2014
El Consejo Económico y Social aprueba el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Fundaciones
El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado el dictamen relativo al Anteproyecto de Ley de Fundaciones por 45 votos a favor y 2 abstenciones. Aunque el dictamen comparte en líneas generales los objetivos enunciados en el Anteproyecto, entre otros fomentar las prácticas de buen gobierno y transparencia en el funcionamiento de las fundaciones, el CES muestra su preocupación porque algunos de los cambios previstos “puedan redundar en un mayor intervencionismo administrativo por los nuevos actos para los que se prevé autorización previa”.
El artículo 13 del Anteproyecto establece autorización previa del Protectorado para constituir una fundación y determina que sin la resolución favorable "no será posible la escritura pública de constitución". Además, el texto permite el silencio administrativo como contestación a la solicitud de los fundadores. El CES considera que no está justificado el silencio administrativo negativo en estos supuestos, máximo con el volumen de actividad que recaerá sobre el organismo encargado de las fundaciones.
El escenario de un sector fundacional más tutelado por parte de la Administración podría, en opinión del este Consejo, “alterar negativamente el equilibrio entre facultades del gobierno de las fundaciones y potestades del órgano protector, entre autonomía y control, introduciéndose rigideces innecesarias”.
Lo cual tiene gran transcendencia dada la relevancia de las fundaciones en la economía española. La Asociación Española de Fundaciones (AEF) estima en 9.500 las entidades activas en España con un peso del 1% sobre el PIB nacional y 200.000 trabajadores. Por otra parte, el número de fundaciones inscritas en los registros de los siete ministerios con la función de protectorado se situó en torno a las 3.800.
Exigencia de una mayor explicación y fundamentación
La futura ley parte de la necesidad de una unificación del protectorado y la unificación del registro que pasará a un único dependiente del Ministerio de Justicia. Sin embargo, “se ha optado por una reforma omnicomprensiva con una revisión general de la vigente Ley de Fundaciones". En opinión del CES, una revisión de numerosos aspectos del régimen jurídico de las fundaciones habría exigido una mayor y más detallada explicación y fundamentación de las razones que la avalan. Máxime a la vista de que los cambios contenidos en el Anteproyecto no parecen haber constituido una demanda sentida por el sector, a excepción de los relativos a la unificación de protectorado y registros.
Este excesivo cúmulo de cautelas y limitaciones se pone de manifiesto –además de en la autorización previa para la fundación- en la regulación de otros aspectos clave del Anteproyecto, como el tratamiento de las actividades mercantiles, imprescindibles en numerosos casos como instrumentos para garantizar la viabilidad del cumplimiento de los fines fundacionales, el destino de los ingresos generados o la contratación con personas o entidades que mantienen determinados vínculos con la fundación.
No obstante lo anterior, el CES también destaca los aspectos positivos que en su opinión aporta la norma dictaminada. Ésta da cumplimiento a la demanda del sector de un registro único para todas las fundaciones estatales, así como la unificación del protectorado en un único órgano de la Administración General del Estado. Ambas medidas contribuirán a mejorar la gestión de las fundaciones y a salvaguardar el fin de interés general al que sirven.
Valoración de la Asociación Española de Fundaciones (AEF)
A juicio de la AEF, el dictamen del CES pone en cuestión la oportunidad y la necesidad de una nueva ley de fundaciones. La AEF valora positivamente este dictamen que, además, pone de manifiesto la importancia del sector por volumen de recursos y generación de empleo.
