27/02/2014
CERMI, Fundación ONCE y el Foro Europeo de la Discapacidad celebran un taller sobre la importancia de la contratación pública y su impacto en la discapacidad
La contratación pública es una “potente palanca” de promoción de políticas sociales y medioambientales, por lo que es necesario aprovechar las posibilidades que ofrece la nueva Directiva europea sobre contratación pública, trabajar en su adecuada trasposición y avanzar en la inclusión de cláusulas sociales.
Esta fue la conclusión del “Taller sobre nuevas Directivas Europeas sobre Contratación Pública e impacto en la discapacidad”, que se celebró el pasado lunes, 24 de febrero, en la sede del Real Patronato sobre Discapacidad en Madrid, promovido por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el Foro Europeo de la Discapacidad y Fundación ONCE.
Durante la inauguración del taller, Miguel Ángel Cabra de Luna, director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE, instó a unir esfuerzos para asegurar una interpretación adecuada de las trasposiciones que afectan a las organizaciones del Tercer Sector en lo que respecta a la nueva Directiva europea sobre contratación pública.
Según explicó, la contratación administrativa representa entre un 18% y un 20% del PIB de los países de la UE, una cifra que en España supone 200.000 millones de euros. Por tanto, puntualizó, la contratación pública “no es sólo un proceso de centralización de servicios o de compra de bienes por parte de la Administración, sino una potente palanca de promoción económica, y de políticas sociales y medioambientales”.
Cabra de Luna indicó que hasta esta nueva Directiva no se habían tenido en cuenta las cláusulas sociales, a excepción de los contratos reservados para los Centros Especiales de Empleo. Por tanto, aseguró, “tenemos que saludar con alegría y satisfacción el vuelco que supone la nueva Directiva en lo que respecta a la legislación sobre contratación pública en los países de la Unión Europea”, si bien, advirtió, que esta directiva también tiene “algunas precisiones que deben ser tenidas en cuenta y que pueden afectar al sector de la discapacidad, al Tercer Sector y a la economía social”, el cual recordó que se ha movilizado presentando enmiendas parlamentarias “para solventar estos problemas”.
Materia troncal de la agenda política de la discapacidad
Por su parte, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, aseguró que la contratación pública “es una materia troncal en la agenda política de la discapacidad y en la agenda más amplia del Tercer Sector” y “hay que abordarla forzando las oportunidades que anidan en ella y no de un modo defensivo ni reactivo”, sino apostando por “no usar la contratación desde un encarnizamiento economicista” y “no olvidar la aportación de enorme valía y cuantía del Tercer Sector”.
Subrayó que “está justificado que el Tercer Sector ofrezca servicios si aporta algo distinto y de mayor calidad que lo que puedan hacer los poderes públicos y las empresas”. Al respecto aseguró: “Somos capaces de hacerlo”, pero para ello, recalcó, “necesitamos un marco normativo europeo y nacional justo y equilibrado”.
Así, animó a que se aprovechen las posibilidades que ofrece esta Directiva y recordó que la semana pasada se tomó en consideración una proposición de ley en el Congreso para avanzar en cláusulas sociales en materia de contratación pública que “por desgracia”, dijo, “no prosperó por oposición del Gobierno”, aunque puso en valor el apoyo del resto del arco parlamentario.
El argumento para este rechazo, explicó, fue esta nueva Directiva. Por tanto, ahora que se inicia el proceso de trasposición, señaló, “como discapacidad organizada y como Tercer Sector tenemos que saber lo que nos permite esta Directiva y comenzar desde ya a trabajar, proponer, incidir y modificar conciencias y mentalidades, identificando buenas prácticas y legislaciones autonómicas y modelos de entidades del Tercer Sector que ya prestan servicios de calidad”.
Imagen: Miguel Ángel Cabra de Luna y Luis Cayo Pérez Bueno.
