19/12/2013

El Gobierno aprueba el Plan Nacional de Inclusión Social, dotado con una fuerte dotación presupuestaria

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, 13 de diciembre, el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2014-2017, dotado con 136.600 millones, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades sociales y mejorar la eficacia del sistema de protección dirigido a las personas más vulnerables.

El proyecto, elaborado en colaboración con ministerios, Comunidades Autónomas, entidades locales y el Tercer Sector de Acción Social, es un instrumento integrador de todas las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España que, a la vez, da respuesta al compromiso de la Estrategia Europa 2020 de reducir entre en 1,4 y 1,5 millones el número de personas en riesgo de sufrir esta situación.

El Plan de Inclusión cuenta con 240 medidas y se articula en tres objetivos estratégicos: Empleo, Sistema de Prestaciones y Servicios Básicos, además de un apartado específico de atención a todos los grupos que pueden encontrarse en riesgo de exclusión.

Los tres objetivos estratégicos

El primero de ellos persigue impulsar la inclusión a través del empleo, orientado a la colaboración entre los servicios públicos de empleo y los servicios sociales.

El segundo eje es la garantía de un sistema de prestaciones económicas para las personas más vulnerables. En este contexto, se dará continuidad y se adaptará el programa PREPARA, que se mantendrá automáticamente en períodos de seis meses hasta que el desempleo baje del 20%.

El tercer eje es el compromiso con los servicios básicos enfocados a la población más desfavorecida. De este modo, en el ámbito de la educación se impulsa la creación de planes de atención a la diversidad en centros educativos. En el sanitario se garantiza que los medicamentos sean gratuitos para los parados de larga duración y otros colectivos con bajos ingresos, como los perceptores de rentas mínimas de inserción. En el ámbito de la vivienda se contempla el apoyo a las familias con dificultades en el pago de la hipoteca. Y en Nuevas Tecnologías se pondrá en marcha el Plan de Inclusión Digital y Empleabilidad, para dar acceso a Internet y a las TIC a las personas con pocos recursos.

Este programa cuenta también con un Fondo Extraordinario de 17 millones de euros íntegramente dedicado a luchar contra la pobreza infantil. Además, también junto con las entidades del Tercer Sector se han aprobado numerosos proyectos financiados con cargo al IRPF orientados a la protección de los derechos de la infancia, prevención del maltrato infantil y para menores en dificultades, así como actuaciones para reforzar la ayuda a sus familias.

Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se indica que la colaboración con el Tercer Sector de Acción Social “ha sido uno de los pilares en los que se asienta este Plan de Inclusión. No sólo ha colaborado en su elaboración, sino que muchos de los proyectos contemplados se llevarán a cabo de manera conjunta”. De este modo, el Gobierno ha querido apoyar a estas organizaciones adquiriendo una serie de compromisos. En particular, elaborar una Ley del Tercer Sector y una nueva Ley Nacional del Voluntariado, que reconozca la importante labor de las personas que realizan este trabajo altruista.

Valoración de la Plataforma del Tercer Sector

La Plataforma del Tercer Sector valora positivamente la aprobación del Plan Nacional para la Inclusión Social 2014-2017 y lo considera “una buena estrategia a medio y largo plazo”.

La organización apoya el texto presentado por el Gobierno, pero con las observaciones y prevenciones realizadas por las entidades sociales en el Consejo Estatal de ONG. En este sentido, la organización ha señalado que es necesario que el nuevo Plan sea incluido dentro del Programa Nacional de Reformas 2014 que prepara el Ejecutivo.

Según ha explicado el vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector, Carlos Susías, el Programa Nacional de Reformas debe ser “coherente” con el Plan Nacional para la Inclusión Social, puesto que si esto no es así, “se perderían las oportunidades que se apuntan con la nueva estrategia”. De esta manera, Susías ha indicado que el nuevo Plan puede ser un “elemento clave” como política de inclusión y constituye “una buena base para la construcción de una nueva estrategia de lucha contra la pobreza, con especial atención a la infancia”.

Para la Plataforma del Tercer Sector es importante destacar dentro del nuevo Plan la introducción de una dotación específica, vinculada al Plan Concertado de Servicios Sociales, de apoyo a las familias y a la infancia. “Nos parece un paso acertado en la buena dirección”, ha indicado Susías.

No obstante, el vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector ha señalado también que, ante la actual “fase aguda de empobrecimiento”, sería necesario contemplar la realización de un plan de choque en el que se abordaran los aspectos “urgentes y cruciales” para frenar y revertir la pobreza adulta y la infantil, “con un presupuesto específico y acorde al reto planteado”.

Imagen: La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra Ana Mato, tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó el nuevo Plan de Inclusión Social.