28/02/2013
El Comité Económico y Social Europeo explora con CIRIEC nuevas vías de medición del impacto socio-económico de las empresas sociales y Economía Social
La Categoría de Economía Social del Comité Económico y Social Europeo (CESE) celebró el pasado 22 de febrero en Bruselas una reunión con el objetivo principal de explorar nuevas propuestas metodológicas para la medición del impacto socio-económico de las empresas sociales, para lo cual invitó a expertos del CIRIEC. En la misma reunión se decidió la reelección del español Miguel Ángel Cabra de Luna como portavoz de dicha Categoría para los próximos dos años.
Los profesores del CIRIEC José Luis Monzón (Universidad de Valencia) y Carmen Marcuello (Universidad de Zaragoza) presentaron en la reunión un informe sobre las empresas sociales y la Economía Social, elaborado por ellos mismos y por el también investigador de la Universidad de Zaragoza y de CIRIEC Pablo Nachar. El informe gira en torno a la presentación de propuestas metodológicas de medición del impacto socio-económico de dichas empresas.
En la ponencia, los profesores resaltaron que las características identitarias de las empresas sociales delimitadas por los documentos aprobados en la Unión Europea (entre ellos los dictámenes del CESE), configuran a estas empresas como integrantes de la economía social. Sus características principales se orientan al suministro de bienes preferentes y servicios sociales a personas vulnerables, y a la inserción laboral de personas de difícil empleabilidad.
Las personas y su bienestar como unidad básica de estudio
Monzón y Marcuello pasaron revista a las diferentes definiciones de impacto social y a las metodologías de medición del mismo para concluir que una de las formas más productivas de aproximación a la medición del impacto debe utilizar el enfoque de ‘desarrollo humano’ y de los valores de la economía social, que sitúan a las personas y a su bienestar como la unidad básica de estudio.
Los profesores concluyeron que tanto las empresas sociales como el resto de empresas de la economía social (cooperativas, mutualidades, fundaciones, etc.) son merecedoras de políticas de fomento de las mismas, en la medida que su actuación genera un valor añadido social medible y orientado a la consecución de los objetivos prioritarios establecidos por la Unión Europea en la Estrategia 2020, a la creación y el mantenimiento del empleo y a la lucha contra la exclusión social.
Imagen: Miguel Ángel Cabra de Luna.