17/01/2013

La UNACC firma el convenio para la creación del Fondo Social de Viviendas

Este jueves se ha firmado el Convenio para la creación del Fondo Social de Viviendas, por las patronales del sector financiero -AEB, CECA y UNACC-, el Banco de España, la Asociación Hipotecaria Española (AHE), las propias entidades de crédito, la Plataforma del Tercer Sector y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En la rúbrica, que ha tenido lugar en el Ministerio de Economía y Competitividad, han participado el titular de este departamento, Luis de Guindos; la ministra de Fomento, Ana Pastor; la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Ana Mato, y la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El Convenio se firmó por los representantes de las patronales del sector financiero y las propias entidades de crédito. Por parte de las patronales acudieron Pedro Pablo Villasante, secretario general de la AEB; José María Méndez, director general de la CECA, y Marta de Castro, secretaria general de la UNACC.

Además, según se informa desde la UNACC, más de dos tercios del sector de las cooperativas de crédito estuvieron representados en la firma del Convenio, ya que asistieron representantes de Cajas Rurales Unidas, Caja Laboral, Caja Rural de Granada, Grupo Cooperativo Ibérico de Crédito -que comprende Caja Rural del Sur, Caja Rural de Extremadura y Caja Rural de Córdoba-, Nueva Caja Rural de Aragón, Caja Rural de Castilla-La Mancha, Cajasiete Caja Rural y Caja Rural de Soria.

De hecho, de las 33 entidades financieras que han aportado inmuebles, ocho son cooperativas de crédito, según se destaca desde la mencionada organización.

Manera habitual de proceder de las cooperativas

“Con la firma de este Convenio se plasma la manera habitual de proceder de las cooperativas de crédito, que de forma voluntaria ya venían aplicando medidas de este tipo, de acuerdo con sus fines sociales”, ha comentado Marta de Castro, secretaria general de la UNACC. “De hecho, esta iniciativa se une a los esfuerzos que ya han realizado las cooperativas de crédito con las personas en situación de mayor vulnerabilidad, ayudándolas a reestructurar su deuda, refinanciándola, ofreciendo periodos de carencia o daciones en pago con carácter voluntario, entre otras propuestas”, ha asegurado De Castro.

“Aunque el Convenio recoge que cada entidad constituirá su propio fondo de viviendas y las ofrecerá a las personas que hayan sido desahuciadas por la propia entidad, como algunas cooperativas de crédito no han tenido lanzamientos, éstas ponen al servicio de clientes desahuciados por otras entidades de crédito este fondo social de viviendas”, ha explicado la secretaria general.

Aporte de 200 viviendas al fondo social

“El sector de las cooperativas de crédito quiere apoyar a los más necesitados aportando en torno a 200 viviendas al fondo social. Estas viviendas se encuentran repartidas por toda la geografía española. Nuestro sector se caracteriza por estar implantado en zonas rurales -1 de cada 3 oficinas está en municipios de menos de 5.000 habitantes-, por lo que creemos que nuestra aportación será relevante para evitar la exclusión social en estas regiones”, ha comentado De Castro.

El Convenio recoge que a las viviendas del fondo social podrán acceder las personas que han sido desahuciadas de su primera vivienda después del 1 de enero de 2008 por impago de la hipoteca y que se encuentren en situación especial de vulnerabilidad social. La renta del inmueble estará comprendida entre un mínimo de 150 y un máximo de 400 euros al mes, con un límite máximo del 30 por ciento de los ingresos netos totales de la unidad familiar, y la duración del contrato será de dos años, pero se podrá prorrogar un año más en algunos casos.

Por su parte, la participación en la firma de la Plataforma del Tercer Sector -integrada por las principales ONG de este país y que representa a casi nueve millones de personas- responde al compromiso de trabajar en favor de los colectivos más frágiles de esta sociedad, entre los que se encuentran las personas que han sido desahuciadas y se han quedado sin hogar en el contexto de la actual crisis económica.