17/05/2012
Una jornada del IUDESCOOP sobre empresas sociales pone de manifiesto la falta de un marco normativo y fiscal adecuado para estas entidades de interés general
Las empresas sociales son entidades que cumplen un fin de interés general y de inserción de colectivos en riesgo de exclusión, que a pesar de los requisitos que deben cumplir no gozan de la regulación y tributación adecuadas para poder alcanzar enteramente los fines por los que se constituyeron. Así se puso de manifiesto durante la jornada del IUDESCOOP-Universitat de València sobre “Las empresas sociales y el Tercer Sector ante la crisis del empleo”, que tuvo lugar el pasado 8 de mayo en la Facultad de Derecho de la citada Universidad.
La Jornada sirvió para presentar los resultados del Proyecto Coordinado del Ministerio de Economía y Competitividad, denominado “La Economía Social en las Políticas Públicas. Análisis multinivel desde las perspectivas jurídica y de política económica”, cuya coordinadora es la profesora Pilar Alguacil, siendo investigadores principales ella misma y el profesor Rafael Chaves. A la cita asistieron un centenar de personas, fundamentalmente expertos de universidades valencianas y españolas, trabajadores sociales y representantes del sector de la diversidad funcional y de la inserción social.
Según explicó la catedrática Pilar Alguacil, las empresas sociales están de máxima actualidad en la agenda de la Unión Europea, en cuyas instituciones se han aprobado distintas iniciativas para fomentarlas. Entre otras, la reforma del régimen de ayudas de Estado para servicios de interés económico general en la Unión Europea facilita la aprobación de subvenciones para este tipo de entidades, tradicionales prestadoras de servicios sociales.
Iniciativas de innovación social
Después de introducir el concepto de empresa social y su imbricación en el de la economía social, el director del IUDESCOOP, profesor Joan Ramon Sanchis Palacio, explicó cómo la innovación social es un proceso a través del cual se puedan llevar a cabo este tipo de iniciativas, destinadas a cubrir necesidades básicas de colectivos en riesgo de exclusión. “El caso más representativo son las empresas de inserción” –explica el catedrático de la Universidad de Valencia–, “que pueden tomar distintas formas jurídicas, no todas de economía social, pero que no por ello dejan de tener un fin de inserción social, por lo que pueden seguir considerándose empresas sociales”.
Según la profesora Pilar Bonet, la fiscalidad de este tipo de empresas no es la más adecuada para resolver la crisis en el empleo también en el sector de la diversidad funcional o discapacidad. Las únicas medidas de apoyo van dirigidas a incentivar la inversión y a reducir las cotizaciones a la seguridad social, medidas que la profesora califica de insuficientes para la importante función social que cumplen estas entidades.
El profesor Rafael Chaves, sin embargo, recordó que la Comisión Europea en los últimos 18 meses ha dado un vuelco en su interés por la economía social y las empresas sociales, con diversas iniciativas de calado regulatorias y financieras para promover este tipo de empresas. Entre ellas citó la creación de un Fondo Europeo para Empresas Sociales y la aprobación de la ‘Social Business Act’, comunicación mediante la cual se propone toda una batería de medidas de apoyo a este sector.
Durante la jornada, la profesora Gemma Fajardo puso de manifiesto también los requisitos que las distintas leyes en España imponen en este caso a las cooperativas sociales, entre ellos la ausencia de ánimo de lucro. Para la profesora, la regulación de este tipo de sociedades en España es “difusa”, con pluralidad de leyes, denominaciones y regímenes jurídicos. “Las exigencias de ausencia de ánimo de lucro, no retribución del capital o distribución de excedentes, no se ven compensadas con un marco tributario acorde a dichas exigencias”, afirma la profesora, que incidió, al igual que el profesor Chaves, en que la Comisión Europea está pidiendo un trato más favorable para ellas.
Experiencias de respuestas del Tercer Sector ante la crisis
La jornada, que se prolongó durante todo el día, incluyó una conferencia sobre “Economía, ciudadanía y solidaridad”, a cargo del profesor Joaquín García Roca; y una mesa redonda de experiencias de respuestas del Tercer Sector ante la crisis, moderada por el profesor Gustavo Zaragoza. En dicha mesa participaron Rafael Prósper, coordinador autonómico en Cruz Roja Española – Comunidad Valenciana; José Manuel Pichel, delegado Territorial de la ONCE Comunidad Valenciana, y Amparo Moreno, directora del Área de Acción Social de Cáritas Diocesana de Valencia y secretaria de la Fundación José María Haro-Intra.
La jornada concluyó con una conferencia de José Redondo, que presentó el caso de Nova Feina, y con la intervención del director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social de la Generalitat Valenciana, Joaquín Vañó.
El IUDESCOOP tiene previsto publicar en los próximos días las presentaciones de la jornada en su página de Formación y Empleo.