15/12/2011

El Parlamento andaluz aprueba por unanimidad la nueva Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles por unanimidad la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, que tiene como finalidad reforzar la capacidad competitiva y atender las demandas de este sector estratégico en la economía regional. La nueva norma, que sustituye a la vigente desde 1999, introduce como principal novedad la agilización de los trámites administrativos para crear sociedades, incorporar socios, crear puestos de trabajo, mejorar la flexibilidad interna y permitir una mayor libertad en la distribución de los beneficios. Asimismo, permitirá la creación de grupos empresariales cooperativos y aumentará las posibilidades de contratar por cuenta ajena.

La norma mantiene los principios fundamentales del cooperativismo a la vez que integra otros principios nuevos cono la sostenibilidad empresarial y medioambiental, la igualdad de género, el fomento del empleo estable o el compromiso social con la comunidad. En relación con la simplificación de procedimientos, la ley abrirá la posibilidad de constituir una cooperativa sin necesidad de escritura pública, y rebajará de dos meses a uno el tiempo de respuesta de la Administración, cuyo silencio se considerará positivo. Asimismo, se reducirán de cinco a una las autorizaciones de la Dirección General de Economía Social de la Junta y se suprimirán los requisitos del capital social mínimo (antes de 3.100 euros) y la calificación previa para la constitución.

Para facilitar la incorporación de nuevos cooperativistas, la ley introduce la figura del socio a prueba. Se establece así un periodo en el que la entidad conocerá al aspirante y éste podrá familiarizarse con el funcionamiento interno de la sociedad antes de vincularse como socio a ella. Asimismo, las aportaciones que deba realizar el nuevo miembro se podrán fraccionar o aplazar de común acuerdo.

El texto regula también diversas medidas relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías, como las denominadas Asamblea y Consejo Rector virtuales. La norma sólo exigirá una sesión anual del máximo órgano de gestión, frente a la actual periodicidad mínima mensual. Al mismo tiempo, abre la posibilidad de sustituir éste por un administrador único, o dos solidarios en cooperativas con menos de diez socios.

En cuanto a la figura del asociado (que a diferencia del socio sólo aporta capital), el proyecto cambia su denominación por la de persona inversora y establece nuevas condiciones. Así, podrá tener hasta el 49% del capital social y un 25% de los votos en la asamblea, frente al 30% y 20% que fija la norma de 1999.
De acuerdo con la nueva normativa, las personas inversoras serán tanto físicas como jurídicas y públicas o privadas, y no podrán ostentar esta condición si tienen intereses o realizan actividades de la misma índole que las propias de la cooperativa, salvo autorización expresa del órgano de administración. Tampoco podrán ocupar los cargos de la presidencia y la vicepresidencia.

En consonancia con el objetivo de reforzar la competitividad, la nueva ley incorpora como una de sus principales novedades la regulación del voto plural para las cooperativas de servicios, incluidas las agrarias. De acuerdo con esta fórmula, de carácter voluntario y limitado, cada cooperativista podrá tener hasta un máximo de siete votos en función de su contribución productiva.

Otra novedad es la creación de la figura del Grupo Empresarial Cooperativo, que permitirá formas de integración aún no ensayadas en Andalucía, tanto entre cooperativas como con otro tipo de entidades mercantiles. Estos grupos podrán estar liderados por una sociedad de cabecera o bien articulados por sociedades en plano de igualdad. En este segundo caso, las integrantes deberán ser mayoritariamente de naturaleza cooperativa.

Amplio consenso

El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha puesto en valor el amplio consenso en torno a esta norma y ha agradecido el trabajo desarrollado por los grupos parlamentarios y por representantes del sector a la hora de hacer aportaciones. "Es una nueva ley que nace con el mejor atributo posible, el amplio consenso entre el sector y con el sector", ha sentenciado Ávila. Ha recalcado que es una norma necesaria y que será un instrumento normativo suficiente para que el sector se pueda adaptar a la nueva realidad y siga siendo un referente en España "fuerte y con futuro". Andalucía es actualmente líder en España en número de cooperativas, con 4.400 que dan empleo a unos 50.000 trabajadores.

Durante el debate final, el diputado del PP-A Francisco Delgado Bonilla ha insistido en que es una ley absolutamente necesaria y ha querido dejar clara la importancia del mundo cooperativo y sus aportaciones a la economía andaluza. Se ha mostrado seguro de que esta norma va a solucionar muchos de los problemas de las cooperativas y va a darles capacidad de internacionalización, seguridad y la posibilidad de que jueguen con unas reglas que les permitan dinamismo, impulso y competitividad.

El portavoz de IULV-CA, Diego Valderas, ha manifestado que la nueva ley es un instrumento que, pudiendo ser mejorado en el futuro, plantea un campo que es mejor que el que teníamos ayer. Ha puesto en valor el alto concepto de solidaridad que hay en el sector de las cooperativas, y su capacidad de asentamiento en el territorio. "Pone el rostro humano de la economía por encima de cualquier otro aspecto", según ha apuntado Valderas.

Por su parte, el parlamentario del PSOE-A Antonio Núñez ha destacado que la ley haya concitado el consenso de todos los grupos parlamentarios, lo que ha posibilitado que salga a la luz un buen texto. "Hemos contribuido entre todos a mejorar un texto que ya venía muy bien", según ha apuntado Núñez. Ha resaltado que gracias a esta ley, la economía social andaluza demuestra madurez, valentía y capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos y el Gobierno y el Parlamento han creado las condiciones para que ello sea efectivo.

El presidente de CEPES Andalucía, Antonio Romero, ha agradecido la sensibilidad del equipo legislador de la nueva Ley por atender las demandas del sector “con la pretensión de responder a las necesidades mayoritarias del tejido empresarial de la Economía Social andaluza, eliminando muchos de los obstáculos que impiden el desarrollo integral de estas sociedades y planteando reformas profundas y heterogéneas que lo reformulan de forma sustantiva para su impulso”.