11/11/2010
La jornada del IUDESCOOP sobre fiscalidad pone de manifiesto los inconvenientes de la legislación fiscal actual sobre cooperativas
El pasado 5 de noviembre tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universitat de València (UV) una jornada sobre la situación actual y los nuevos retos de la tributación de cooperativas en España, coordinada por la profesora Pilar Alguacil, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la UV. El evento fue organizado por el Instituto Universitario de Economía Social y Cooperativa (IUDESCOOP) de la Universitat de València, con la colaboración de CIRIEC-España y del CIDEC, y con el patrocinio de la Facultad de Derecho y Ruralcaja. En la misma jornada tuvo lugar la presentación del nuevo Servicio integral de asesoramiento del IUDESCOOP, dirigido a empresas y entidades de la economía social y cooperativa.
La jornada contó con las ponencias de los catedráticos de Derecho Financiero y Tributario Marco Antonio Rodrigo Ruiz, de la Universidad del País Vasco, y la mencionada María Pilar Alguacil, dos de los máximos expertos de la materia en nuestro país.
Para Marco Antonio Rodrigo, la legislación fiscal en materia de cooperativas está totalmente desfasada y en gran medida ha perdido sentido, ya que los beneficios fiscales que planteaba para dichas entidades han sufrido una merma importante en los últimos años. Ello justificaría y exigiría una reforma, aunque en la actual coyuntura económica pueda ser difícil abordarla. “Además están las dificultades por el examen que está realizando la Comisión Europea respecto a si los regímenes fiscales de las cooperativas de distintos Estados Miembros pudieran ir en contra de la prohibición de las ayudas de Estado establecida en el artículo 107 de la Constitución Europea”, afirmó el profesor.
Respecto a este último tema, Pilar Alguacil abundó en la incertidumbre del momento actual, en que seguimos pendientes no sólo de la sentencia sobre el recurso presentado acerca de la decisión española, sino también en la cuestión prejudicial de la Corte di Cassazione italiana, donde el Abogado General se ha pronunciado de forma muy distinta a las opiniones de la Comisión europea.
Por otra parte, en la línea también de que el régimen fiscal de cooperativas ha quedado obsoleto, la profesora Alguacil incidió en que los mismos requisitos para ser cooperativa protegida o especialmente protegida limitan mucho las posibilidades de actuación, y parece que se quiera con ello limitar la aplicación del régimen fiscal, prácticamente, a las "cooperativas de pobres", y no a las competitivas.
Tras las dos ponencias tuvo lugar la presentación del Servicio integral de asesoramiento del IUDESCOOP, a cargo de Joan Ramon Sanchis Palacio, director del IUDESCOOP, y María Pilar Alguacil, coordinadora del Servicio.
IUDESCOOP-Asesores está compuesto por un equipo de profesores profesionales especialistas en el asesoramiento a empresas y entidades de la Economía Social y Cooperativa. Está constituido tanto por miembros del IUDESCOOP, como por colaboradores externos pertenecientes a otras universidades.
Consta de un área jurídica, de apoyo a la creación y desarrollo de empresas y entidades de la Economía Social y Cooperativa, y de un área empresarial, de asesoramiento económico, contable y financiero, y estratégico.
La jornada concluyó con una mesa redonda, moderada por Agustín Romero Civera, profesor del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica de Valencia, en la que representantes del sector y de la administración expusieron sus puntos de vista. En la mesa participaron Isabel Andrés, directora de FOCOOP; José Cardona, de CEPES y Cooperativas Agro-alimentarias; Cristina Grau, de HISPACOOP; Carmen Herrera, de FEVECTA, y José Ignacio Martínez, de la Generalitat Valenciana.
Todos ellos describieron los inconvenientes de la actual legislación y su situación de incomodidad ante una serie de disposiciones que dificultan y agravan el ejercicio tributario de las cooperativas, entre ellas la necesidad de separar resultados cooperativos y extracooperativos, la imposibilidad de tener socios que sean sociedades mercantiles, etc.
Por su parte, José Ignacio Martínez relató una experiencia pionera de la Comunidad Valenciana, que recientemente ha aprobado una orden de ayudas para impulsar que trabajadores no socios de cooperativas y sociedades laborales puedan incorporarse como socios de la empresa en que trabajan, o equipararse a otros socios, si ya lo eran. El espírito de dicha iniciativa, el fomento de la participación de los trabajadores en la empresa, podría formar parte de los elementos de una reforma de la legislación fiscal.
La mesa redonda dio paso a la clausura, con la participación de Román Ceballos, director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social de la Generalitat Valenciana, y José Luis Monzón, presidente de CIRIEC-España.
El director general afirmó que el Gobierno central, a través del Ministerio de Trabajo, “debe solicitar a la Unión Europea una ampliación de los límites de las ayudas al cooperativismo, de forma que cualquier tipo de cooperativa pueda tener acceso a las ayudas públicas de las distintas administraciones sin ningún tipo de exclusión”.
Por otra parte, defendió la importancia de que desde el Gobierno central se impulse una reforma de la Ley 20/1990, “para que éstas sigan teniendo un tratamiento fiscal específico, que reconozca con un adecuado diferencial fiscal la contribución de estas empresas al desarrollo económico y a la cohesión social”.
