04/11/2010

FAECTA celebra en Sevilla el I Congreso Andaluz de Calidad e Innovación Social

La consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, ha inaugurado este jueves, 4 de noviembre, el I Congreso Andaluz de Calidad e Innovación Social, organizado por la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (Faecta). La cita está dirigida a los profesionales del sector sociosanitario, para exponer su modelo de gestión en la prestación de servicios de atención a las personas.

Los temas que se abordan en el encuentro pasan por el análisis de las estrategias que se están desarrollando para garantizar la atención a la dependencia, así como las posibilidades de empleo que ofrece este sector.

Para Navarro, el papel que está desempeñando la economía social es “determinante y fundamental en el desarrollo y aplicación de la Ley de la Dependencia”. Ha destacado, además, "hasta qué punto ese compromiso de la economía social está siendo posible en la generación de empleo”, además de en la puesta en marcha de servicios de calidad, en los que estas jornadas también se centran.

La consejera ha informado que en Andalucía son más de 45.000 empleos los que se han generado hasta este momento a través del desarrollo de la Ley de Dependencia.

Durante el Congreso, Faecta ha reivindicado la necesidad de incluir cláusulas sociales en los pliegos de condiciones de los contratos administrativos promovidos por la Administración andaluza. El sector de las cooperativas solicita que el cumplimiento de las cláusulas sociales sea considerado como un elemento de revalorización de las empresas en las licitaciones públicas, frente a aquellas que no cumplen estos criterios.

Así, para apoyar la profesionalización del sector de la dependencia, desde Faecta se considera imprescindible impulsar políticas sociales basadas en las gestión profesional de prácticas responsables, centradas en los servicios que afectan a las necesidades básicas de la ciudadanía, entre las que están la asistencia a las personas en situación de dependencia.

En este sentido se piden que se tengan en cuenta en la contratación con la Administración andaluza criterios como el compromiso social, la inclusión de colectivos en riesgo de exclusión y la asunción de la perspectiva de género.