07/06/2006
Marcos de Castro reclama que el Gobierno deberá contar también con la economía social para que se garantice la adecuada aplicación de la Ley de Dependencia
El presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Marcos de Castro, se lamenta en un artículo publicado esta semana en Cinco Días de que el Gobierno sólo haya pactado con sindicatos y empresarios los ejes básicos de la Ley de Dependencia, dejando de lado a organizaciones de la economía social con experiencia en estos problemas.
Marcos de Castro reconoce que la Ley de Dependencia y Autonomía Personal es un paso importante en la consolidación de nuestra sociedad del bienestar. "La ley es un paso significativo al extender a todos los ciudadanos el derecho a la calidad de vida", escribe el presidente de CEPES, que añade: "Expresa que entramos en un nuevo modelo social, donde lo determinante no es la aportación de cada uno al sistema productivo".
Sin embargo, Marcos de Castro advierte del riesgo de que la ley se quede en las palabras "tan propio de los llamados derechos universales", y para evitarlo afirma que el Gobierno "deberá contar con la implicación activa de todos los agentes, económicos y sociales", pero no sólo en referencia a la patronal tradicional y sindicatos, "como si fueran ellos los expertos en los graves problemas que sustentan la dependencia", añade.
Acto seguido, el presidente de CEPES se pregunta "dónde quedaron las organizaciones familiares o asociaciones que aglutinan a quienes padecen estos problemas y, por ello, saben de soluciones", o "dónde quedaron otras organizaciones de la economía social que ya trabajan en este tema con experiencias esperanzadoras", y "por qué la economía social está fuera".
Para Marcos de Castro la economía social debe estar en la génesis de este sistema, aportando su experiencia. "Si se trata de atender y mejorar las condiciones de vida de las personas, tiene mucho que decir".
Quedan temas por aclarar
Marcos de Castro entra en algunas cuestiones que debe clarificar la nueva ley. En primer lugar cita los criterios para la concesión de las licencias administrativas que se precisen. Para el responsable de CEPES "los poderes públicos tienen la oportunidad de condicionar estas licencias a la existencia demostrable de comportamientos de responsabilidad social" y recuerda que al amparo de la ley se prevé la creación de 400.000 puestos de trabajo.
El segundo de los temas que necesita aclaración, según Marcos de Castro, es cómo se repartirá la responsabilidad de los Gobiernos autonómicos, de los ayuntamientos y del Gobierno Central.
