27/05/2010

Juan José Barrera: “El hecho de que definitivamente un país de la Unión Europea se atreva a formular una propuesta de Ley de Economía Social ha sido visto de forma bastante positiva”

La Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas, dirigida por Juan José Barrera, se ha distinguido en los últimos meses por una actividad muy intensa en relación con la presidencia española de la Unión Europea, organizando en sólo dos meses tres conferencias europeas, una por cada una de las competencias que tiene asignadas. Además de ello, en lo que respecta a la economía social, y en pleno proceso de diálogo con el sector, ha lanzado una propuesta pionera en Europa de Ley de Economía Social, y mantiene abiertos distintos proyectos de reformas legislativas para el sector, que se debaten en el seno del Consejo de Fomento de la Economía Social. Sobre todo ello preguntamos al director general, en una entrevista realizada el pasado 18 de mayo en Berlín, en el marco del 28º Congreso Internacional del CIRIEC.

-Sr. Barrera, ¿qué balance hace de las tres conferencias europeas organizadas por su Dirección General?

-Efectivamente han sido tres las conferencias europeas que hemos organizado, compromiso de las tres materias que lleva esta dirección general –economía social, trabajo autónomo y responsabilidad social de las empresas- y lo más sorprendente de todo ha sido la gran asistencia que ha habido. Concretamente, en dos de ellas se ha cubierto el cupo de 300 personas y en la de economía social la participación ha sido de 500 personas. Pienso también que ha habido ponentes nacionales e internacionales interesantes, y que se han realizado unas reflexiones y propuestas bastante importantes. Por ejemplo, en la conferencia de economía social se ha impulsado un marco más comprometido con el desarrollo y el fomento de la economía social en la Unión Europea. En particular, se solicita su incorporación en la nueva agenda europea 2020. Por parte del trabajo autónomo ha habido una gran reflexión en materia de reconocer y regular los derechos de los trabajadores autónomos. En este sentido se ha visto como muy interesante la aprobación, por parte española, de un Estatuto del Trabajo Autónomo. Y en cuanto a la RSE, lo que se ha planteado es seguir pidiendo a la Comisión Europea que impulse todas aquellas iniciativas de las empresas que supongan la realización de prácticas socialmente responsables.

-En la conferencia de economía social en Toledo se presentó el anteproyecto de Ley de Economía Social, que está impulsando el Gobierno español. ¿Qué impacto tuvo esta iniciativa entre los participantes europeos de la conferencia?

-La presentación sorprendió a las autoridades gubernamentales pero también a los representantes del sector de la economía social que vinieron a Toledo de distintos países. El hecho de que definitivamente un país de la Unión Europea se atreva en un documento a definir qué es la economía social y a plantear a los poderes públicos que por los valores que representa debe fomentarse fue visto de forma bastante positiva. No me atrevo a decir si habrá países que nos sigan, pero lo que sí puedo decir es que la impresión inicial fue buena. Hay un tema que me gustaría destacar a este respecto, una gran reflexión en la Conferencia de Toledo, en la que definitivamente se identificaron a las empresas de economía social como un actor de mercado, no al margen del mismo, cerrando aquel debate entre el tercer sector y las empresas de economía social. Se empieza a percibir con claridad que las empresas de economía social ante todo son empresas, y aunque tengan una acción social ello no es incompatible con su actuación en el mercado de bienes y servicios, creando riqueza y empleo.

-Al margen de la Ley de Economía Social, desde la Dirección General se viene trabajando también en reformas legislativas para las cooperativas y sociedades laborales ¿Cómo se encuentran dichos trabajos?

-Hay una reforma importante, prácticamente lista, que es la de la Ley de la Sociedad Cooperativa Europa con domicilio en España. Es una norma que nos viene de un reglamento europeo, el de la Sociedad Cooperativa Europea, que se aprobó en 2003, y que es uno de los elementos fundamentales para poder estructurar en la Unión Europea las distintas empresas en sus formas jurídicas. Esta propuesta está a punto de plasmarse en un proyecto de ley, se ha enviado al Consejo de Estado para que emita un informe y a partir de ahí que el Gobierno lo apruebe en Consejo de Ministros y sea debatido en el Parlamento. Yo creo que este es un tema importante, sobre todo mirando al futuro y de cara a que las empresas cooperativas españolas puedan llevar a cabo estrategias de internacionalización sin tener que buscar formas jurídicas distintas.

-¿Y respecto a las cooperativas en general y las sociedades laborales?

-En cuanto a las cooperativas hemos ido aplicando en distintas normas una serie de reformas. Por ejemplo, en la Ley de Economía Sostenible hay una reforma que va a afectar a las cooperativas agrarias. Pero nos queda por hacer un debate sobre elementos transversales, es decir, que afecten a los distintos tipos de cooperativas. En este sentido el sector debe definir algún tipo de propuesta conjunta y estamos un poco a la espera de esas propuestas que se puedan dar. Desde el punto de vista de las sociedades laborales, hay un documento que había presentado Confesal, y que hemos estado debatiendo en un Grupo de Trabajo en el Consejo de Fomento de la Economía Social. Tenemos una parte importante de artículos en los que estamos de acuerdo, pero tenemos un debate no resuelto y es la definición de cómo debe ser una sociedad laboral. Aquí entraríamos mucho más en cuál debe ser el nivel de la participación de los trabajadores como socios propietarios de la sociedad laboral, en relación a los trabajadores que no lo son, los asalariados. Y en eso estamos, nosotros enviamos en su momento un documento contestando a unas formulaciones que nos hizo Confesal y acabamos de recibir una contestación, analizaremos las ideas que nos hacen e iremos al Grupo de Trabajo con el fin de seguir avanzando en este tema.

-CEPES celebró su asamblea general también en Toledo y en la misma aprobó una nueva batería de medidas dirigidas al Gobierno para el fomento del empleo en la economía social. ¿Qué le parecen esas medidas?

-Yo creo que en esencia, en lo que son los planteamientos generales de las medidas formuladas, éstos están en línea con los que por parte de la Administración se lleva trabajando. Pero no podemos olvidar, y ya se dijo en el Consejo de Fomento de la Economía Social, que está en fase de elaboración un Real Decreto sobre políticas activas de empleo, y en esas políticas ya están incorporadas las políticas de fomento de la economía social vinculadas con el empleo. Se ha optado por un modelo que es de grandes líneas de apoyo: a la inversión, a la subvención de tipos de interés, a la asistencia técnica o a la formación. Pero esta vez lo que se plantea es que sean las Comunidades Autónomas -porque quiero recordar que estos programas en España los gestionan las comunidades autónomas- las que gradúen y modulen la cuantía de estas medidas. Para entendernos, en el tema de cómo se apoya la creación de empleo en cooperativas y sociedades laborales se han creado intervalos de subvención que se gradúan en función de la problemática que cada comunidad autónoma tenga en cuanto al colectivo afectado. Esta propuesta de Real Decreto, además, no es incompatible con los programas de empleo de las comunidades autónomas. Esto es muy importante, porque tenemos que recordar que estamos en el Estado de las Autonomías y no solamente están los recursos que transfiere el Estado por vía de las políticas públicas de empleo, sino que las autonomías también disponen de recursos propios que pueden destinar al fomento del empleo y en este caso al fomento de la economía social. Por cierto, que hemos pasado al Consejo de Fomento de la Economía Social el borrador y salvo alguna matización de intervalos de subvenciones el Consejo se ha mostrado básicamente de acuerdo con las líneas maestras de ese real decreto.

-La pregunta anterior se la hacía también porque a pesar del momento tan importante que está viviendo la economía social en España, lo cierto es que la coyuntura económica es muy complicada, también para las empresas de economía social. Desde su Dirección General ¿cómo perciben la situación y qué les dicen las últimas cifras del sector?

-Las cifras, lo que reflejan ahora mismo, en el lado negativo, es que allá donde se ha cebado la crisis, como el sector de la construcción o la actividad inmobiliaria y relacionada con la edificación, las empresas de economía social se han visto afectadas prácticamente en la misma medida que el resto. Pero en cambio, en el lado positivo se está viendo que hay actividades en las que están aguantando bien, sobre todo porque las empresas de economía social se caracterizan fundamentalmente por que los propietarios son los propios trabajadores y ellos mismos prefieren ajustarse las retribuciones antes que ir al desempleo. Por lo tanto están resistiendo mejor a la crisis. Después hay actividades donde la economía social tiene una ventaja competitiva en relación con otro tipo de fórmulas empresariales, como en servicios que tienen que ver con las prestaciones sociales o la educación. Ese tipo de actividades son más intensivas en el factor trabajo, en el servicio que prestan los trabajadores, y ahí el empleo se ve que va creciendo, poco a poco, pero va creciendo incluso en una situación como la actual. En otras actividades, como las de las empresas de inserción, que ya tienen su ley desde el año 2007, también se observa un crecimiento del empleo. Son datos que de alguna forma nos muestran que las empresas de economía social, aunque se vean más afectadas en los sectores más golpeados por la crisis, aguantan mejor la situación económica en general y aumentan el empleo en actividades en las que tienen ventaja competitiva.

Imagen: Juan José Barrera, durante su intervención en el Congreso Internacional del CIRIEC en Berlín.