04/03/2010

Expertos y fuerzas políticas coinciden en la necesidad de una regulación unitaria de la Ley de garantía de derechos y servicios sociales

Distintos expertos del mundo jurídico y social, junto con representantes de fuerzas políticas y de las Comunidades Autónomas coincidieron en la necesidad de una regulación unitaria de una ley que garantice los Derechos y Servicios Sociales, durante la celebración de la jornada “¿Es posible (y deseable) una Ley estatal de garantía de Derechos y Servicios Sociales?”, organizada por el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación ONCE el pasado 26 de febrero en Madrid.

El director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de la Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna, manifestó durante la jornada el deseo del desarrollo de esta ley, al mismo tiempo que calificó la crisis como “un mal escenario” para su planteamiento.

Con respecto a la cuestión de si existe un fundamento constitucional para esta ley, el abogado y el catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado consideró que la Constitución “contiene las bases para la formulación de leyes universales y uniformes de derechos y servicios sociales”, al mismo tiempo que destacó la importancia de superar la diferenciación que se ha marcado siempre entre los derechos fundamentales y los derechos sociales y económicos.

En este sentido, para Muñoz Machado actualmente “nos encontramos en un nuevo marco, en la cuarta generación de los derechos fundamentales, que son de carácter social, que han sufrido una transformación y han generado una comprensión del nuevo posicionamiento de los poderes públicos, que se traduce en que su regulación ya sí pertenece al Estado”.

La ex directora general de Acción Social, Patrocinio de las Heras, señaló que “nos enfrentamos a algo que afecta a la dignidad humana". En su opinión, “no hay legitimidad para cobrar impuestos si no existe la garantía de que, cuando se pierden todas las posibilidades de vivir con una dignidad mínima, no se va a tener una cobertura del Estado que garantice esa dignidad”.

“Esta normativa ya fue recuperada en la fallida Constitución Europea, aunque ahora está completamente incorporada al Tratado de Lisboa de 2007, algo a lo que todos los Estados miembros europeos tienen que acoplarse”, concluyó.

Fuerzas políticas y Administraciones Públicas

Los diputados del PSOE y del PP, José Vicente Muñoz e Inmaculada Guaita, respectivamente, coincidieron en la importancia de una ley estatal que garantice los Derechos y Servicios Sociales, sobre todo por las necesidades que tienen en este sentido las personas en riesgo de exclusión. Por su parte, el diputado de CiU Carlos Campuzano considera que existe “una gran debilidad” en el desarrollo de los Servicios Sociales en España debido a una mala financiación.

En la jornada participaron también representantes de comunidades autónomas y el presidente de la Plataforma de ONGs de Acción Social, Juan Lara.