19/11/2009
Un estudio de la Fundación ONCE destaca que la economía social representa el 7% del tejido empresarial español
La Economía Social representa entre el 6% y el 7% del conjunto de las empresas españolas, lo que supone un 6% del empleo asalariado total, según se refleja en el libro Las cuentas de la Economía Social. Magnitudes y financiación del Tercer Sector en España, 2005, presentado el pasado martes en Madrid.
El estudio, promovido por la Fundación ONCE, ha sido dirigido por el académico José Luis García Delgado, e incorpora los resultados de cuatro grandes encuestas nacionales a cooperativas, sociedades laborales, asociaciones y fundaciones, realizadas por el CIRIEC-España bajo la dirección de los profesores José Luis Monzón y Santiago Murgui.
Los participantes en la presentación resaltaron la calidad del empleo generado por estas empresas. El perfil de las personas empleadas es una mujer con estudios superiores y un contrato fijo.
García Delgado señaló la robusta estructura del sector, que le ha permitido afrontar con solidez la actual situación de crisis económica, y afirmó que estos últimos años estas empresas se han consolidado sin desnaturalizarse, con eficacia y solidaridad.
El profesor Monzón resaltó que el Observatorio de la Economía Social, de CIRIEC-España, ya está trabajando para ofrecer los datos de la economía social a 31 de diciembre de 2008, que ampliarán y actualizarán los presentados en el estudio de García Delgado.
Por su parte, el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, destacó que este estudio muestra una realidad cualitativa de la economía social que se caracteriza por una forma de hacer empresa, en la que se apuesta por la cohesión social y el empleo de calidad. Además, no genera deslocalización, al estar arraigada en su entorno.
Alberto Durán, vicepresidente primero ejecutivo de la Fundación ONCE, resaltó la vertiente de la acción social de estas empresas, a través del epígrafe de Servicios sociales. Reúnen a, aproximadamente, 23.000 entidades con unos 284.000 trabajadores asalariados y casi 1 millón de voluntarios, que atienden actividades asistenciales que el Estado del Bienestar no alcanza a cubrir, y que ahorran a los servicios públicos cerca de 10.000 millones de euros.
